A la democracia por la ley

Lo reprochable del gobierno democrático, escribió Alexis de Tocqueville en La democracia en América, no es, como muchas personas piensan, su debilidad, sino al contrario, su fuerza irresistible. La República y la Constitución de Weimar de 1919 en Alemania, le dio una entrada sin precedentes a la democracia y estableció derechos sociales, económicos y culturales que le dieron protagonismo al Estado en la convivencia social. Sin embargo, entre otras, una de las variables que le permitieron al régimen nazi su legalidad y su legitimidad fue la falta de controles a la mayoría, y la decisión de dar el control constitucional a los políticos y no a un tribunal constitucional formado por especialistas.

Por esta experiencia, las constituciones se reformaron con la finalidad de controlar la “fuerza irresistible” de la democracia y recuperar de la aristocracia la selección de un grupo capaz de interpretar leyes, “con una inclinación instintiva hacia el orden y un amor natural por las formas”: los Tribunales Constitucionales. Al tiempo, este componente técnico se ha ido replicando en los regímenes, incorporando a las estructuras estatales agencias u órganos reguladores autónomos ocupados, idealmente, por especialistas en diversas materias como la electoral, la de acceso a la información o la de telecomunicaciones, por poner ejemplos. La lógica es que estas agencias se alejen de una administración centralizada sujeta a los virajes políticos propios de los gobiernos en democracia.

México vivió una vehemente transformación democrática y técnica que inició desde los años 90 y que tuvo importantes pasos: en 1990 nació el IFE, aunque todavía su presidente era el Secretario de Gobernación; en 1994 se llevó a cabo la reforma integral del Poder Judicial Federal llevado a cabo por el poder revisor de la Constitución, que consolidó a la SCJN como un verdadero guardián constitucional, tanto por sus modificaciones administrativas como por sus facultades; ya en 1996, el IFE adquirió plena autonomía del Poder Ejecutivo y, también, como explican Lujambio y Vives (2000), fue una ruptura con el pasado, ya que el Colegio Electoral fue eliminado definitivamente, y la responsabilidad legal de la calificación presidencial definitiva pasó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que sustituyó al Trife, creado en 1990. “México transitó a la democracia por la ley”. La liberalización del régimen, las progresivas victorias de la oposición en los estados y los cambios institucionales graduales, fueron necesarios para las alternancias presidenciales del año 2000, 2012 y 2018, ya con nuestro INE.

Es cierto, la transformación democrática del país resultó en la incompetencia de Fox, la guerra contra el narcotráfico de Calderón, la crisis de corrupción del gobierno de Peña y, ahora, el populismo de AMLO. Que no nos quede duda, con todo, a nuestra democracia la preferimos no tanto por los bienes que produce, sino por los males que previene.