El INE, bajo asedio en el proceso de su renovación

Con la publicación de la convocatoria pública, arrancan los procesos que llevarán a que el próximo 4 de abril se dé la siguiente renovación de cuatro consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La renovación escalonada de la máxima autoridad electoral administrativa del país siempre ha sido un proceso muy público, político y, en ocasiones, polémico. Dadas las peculiares condiciones de asedio de este gobierno federal en contra de los órganos constitucionales autónomos (OCAs), particularmente contra el INE, es de la mayor importancia que se preserve la autonomía e independencia de este organismo fundamental para la vigencia del régimen democrático.

Como ha sido notorio, el lopezobradorismo ha propuesto para los OCAs y la Suprema Corte a perfiles que suelen no ser idóneos, y algunos, incluso, de dudosa legalidad -particularmente la titular de la CNDH-, pero siempre con indeseables vínculos con el partido y la élite gobernantes. Además, los embates del presidente hacia algunos integrantes de los OCAs (los que no ha propuesto él, por supuesto) han llegado a extremos inaceptables. Ahí están los notorios casos de Guillermo García Alcocer (quien tuvo que renunciar anticipadamente a la Presidencia de la CRE) o, recientemente, las acres críticas al consejero electoral Ciro Murayama por sus opiniones académicas o su defensa a ultranza de la autonomía del INE. En este sentido, si bien es cierto que no hay un perfil único o desempeño adecuado de manual de una consejería electoral, sin duda lo que le hace falta al INE son consejeros con el profesionalismo, la independencia partidaria y el compromiso con la institución y la defensa de su autonomía, como es el caso de Murayama y también del consejero presidente, Lorenzo Córdova. En esa lógica, para irse blindando de lo que puede ocurrir en abril, fue importante sacar la votación para ratificar en su cargo al eficiente secretario ejecutivo.

El lopezobradorismo (el presidente, su gobierno, su escudo legislativo, su partido y voceros aliados) han buscado por diversos medios debilitar al INE. Ahí están los recortes presupuestales, la auditoría sobre los sueldos, múltiples iniciativas legislativas o tentativas políticas para recortar el periodo de la presidencia y quitar al INE la exclusividad de la custodia de los datos de la ciudadanía del padrón electoral; además, por supuesto, de las repetidas descalificaciones sobre el desempeño institucional desde el púlpito de las mañaneras y demás denostaciones, en cascada, de los voceros del oficialismo (excepto cuando sus facciones tienen que recurrir a la autoridad electoral para que le dé la razón a alguna de ellas en sus muy frecuentes conflictos).

De forma incongruente, con el claro propósito de manipular a la opinión pública, su diagnóstico es que la democracia en México arrancó el 1 de julio de 2018 y que “ya no habrá fraudes electorales”. Tal engañifa ignora que la sucesión de reformas electorales que han emparejado las condiciones de la competencia y la imparcialidad de las autoridades electorales federales, fueron las que permitieron materializar el escenario para el triunfo de López Obrador y la tercera alternancia en la Presidencia. Pero eso es algo imposible de reconocer para alguien que, elección tras elección en la que ha participado, sólo reconoce aquellos resultados que le favorecen.

Sería deseable que los nombres de los cuatro futuros consejeros sean aprobados por unanimidad y no sólo por la mayoría que fácilmente pueden construir el gobierno y sus aliados legislativos en la Cámara de Diputados. Sería lamentable que cuatro adeptos al gobierno llegaran al Consejo General del INE. Lo que está en juego es nada menos que la posibilidad de una severa regresión democrática y un claro avance hacia un régimen plenamente autoritario, revirtiendo la lucha de varias generaciones de mexicanas y de mexicanos y las conquistas obtenidas en el proceso de forjar un Estado democrático de derecho. Así de claro y así de contundente.

hvives@itam.mx / @HVivesSegl