La última carta de López-Gatell

El subsecretario de Salud está a dos fuegos: por un lado el crecimiento de los contagios y defunciones que, conforme a las propias cifras de la Ssa están lejos de indicar un “aplanamiento de la curva”; por otro lado, la urgencia de reiniciar actividad productiva, puesto que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sólo tiene un limitado programa inercial, por lo que le resulta urgente la reactivación de líneas de minería, manufactura y servicios para evitar una caída superior a 40% en el segundo trimestre con toda la tragedia social que ello significa.

Este 12 de mayo el IMSS, de Zoé Robledo, dará a conocer el nivel de desempleo, el cual se atisba, afectaría a casi 800 mil personas en un entorno en que 92% de las empresas manufactureras ha visto afectadas sus venta y flujo de efectivo —como informa la Concamin, a cargo de Francisco Cervantes—, lo que hará aún más urgente el regreso progresivo a fábricas, oficinas y comercios, en especial los  vinculados a las cadenas de exportación al T-MEC… mientras aumentan los casos confirmados, la tasa de letalidad y se desbordan los testimonios de que se subestimó el número de casos debido a la pobre aplicación de test de Covid-19 a fin de aplazar las medidas de distanciamiento social y de confinamiento.

El Gobierno apostó por mantener lo más posible la actividad económica —de por sí afectada desde 2019 por erráticas políticas públicas— y contener la pandemia mediante el “contagio de rebaño”. Pero perdió la apuesta.

La subestimación de casos y el desorden que al sector salud indujo el subsecretario Hugo López-Gatell genera un entorno de incertidumbre en la sociedad e impide a empresas y trabajadores tener un horizonte claro de cuando y cómo “reabrir la economía”.

La última carta de López-Gatell es anticipar el calendario de esa reapertura… con el riesgo de nuevos brotes en centros de trabajo que difícilmente son predecibles con la insuficiente (y manipulada) estadística.

Rescate del camarada Alemán. El Presidente es enfático en que “no habrá rescate” de empresas porque correspondió al periodo neoliberal, pero en los hechos corre el rescate de Interjet que adeuda cerca de 10 mil millones de pesos al Gobierno mexicano tanto en impuestos como en derechos y servicios. La SCT, de Javier Jiménez Espriú, parece ignorar que la aerolínea de Miguel Alemán vuela ya con 3 aparatos rusos Sukoi Super 100 y con pocas refacciones (le fueron embargados 4 de esos aviones ya reducidos a chatarra), y que de los 7 aviones A-320 ninguno puede ya volar… y aun así sigue vendiendo boletos —ya fuera de la red de IATA— a incautos viajeros que en su momento tendrán que asistir a la Profeco, de Ricardo Sheffield, pues parece existir un mandato superior que protege a la firma dirigida por William Shaw. Se ha dicho hasta el cansancio “no somos iguales”… pero como se parecen.

En Defensa del Trabajo. Ante el desempleo masivo, los más vulnerables son quienes padecen alguna discapacidad física o mental, por lo que se requiere un enfoque específico como el que planteó Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, en el workshop organizado por la OCDE en el marco de la iniciativa Business for Inclusive Growth (B4IG). De esa sesión, la OCDE tomó 12 proyectos para aceleración de la incubadora de B4IG, y que incorporó el de ‘GINclúyete’: un modelo de inclusión laboral de “personas con discapacidad” en trabajos directos o contratación externa que cumple con las regulaciones laborales y los estándares de accesibilidad y compatibilidad. Nada enaltece más a los humanos que el trabajo.

Monreal a la carga: las rentas. Al portazo que recibió Carlos Salazar de las puertas de Palacio Nacional, el CCE recibe atenciones en el Senado en donde Ricardo Monreal se ha mostrado atento a las graves preocupaciones del sector empresarial. De hecho, el coordinador morenista presenta este miércoles un proyecto de decreto para modificar los artículos 2431 y 2432 del Código Civil Federal que ofrezca certeza jurídica a los arrendadores y arrendatarios de inmuebles (habitacionales, industriales y comerciales) para que puedan acordar reducciones de renta y/o de los espacios acordados ante la magnitud de la pandemia y cuyas secuelas económicas crecen a diario.