Rompiendo tradiciones

El 3 de junio, la CNDH realizó la entrega de su informe anual de actividades a la secretaria de Gobernación. Desde la fundación de ese organismo fue la primera vez que el titular del Ejecutivo Federal no estuvo presente en dicho informe. En conferencia de prensa posterior, el ombudsman lamentó no haber presentado el balance anual de los derechos humanos ante el Presidente de la República.

Dada la polarización del debate público, la ausencia del titular del Ejecutivo federal se interpretó como una grave falta. Hubo quien comentó que presenciamos un desdén a las reglas del Estado de derecho. No faltó quien la interpretara como muestra de incomodidad del nuevo gobierno hacia los órganos autónomos. Ni una sola voz intentó explicar la ausencia presidencial para revisar la labor del ombudsman.

La Constitución establece la obligación del titular de la CNDH de presentar un informe anual ante los Poderes de la Unión. También prevé su comparecencia ante las Cámaras del Congreso de la Unión. Ni la Constitución ni la ley contemplan la presencia del Presidente de la República en dicho acto. Esto significa que su ausencia en el informe de actividades del ombudsman no violó precepto legal alguno.

¿Cómo calificar entonces que el Presidente no haya asistido al acto protocolario? Una primera razón se relaciona con la oportunidad. El informe anual rendido por el ombudsman se refiere a 2018: once de los doce meses informados revisan la administración federal anterior. Uno puede preguntarse si, transcurridos cinco meses de 2019, es oportuno informar de lo ocurrido durante una administración previa.

La ausencia presidencial rompió una tradición, sin ser una violación a la legalidad. Estamos, más bien, en presencia de una descortesía política. Desentrañar las razones de ella nos lleva al terreno de la especulación. Es posible que la nueva administración esté consciente de que, de las 88 Recomendaciones correspondientes a 2018, 20 de ellas se hayan emitido en el mes de diciembre. Así, en un solo mes, la CNDH emitió casi una cuarta parte de las recomendaciones de un año. Ese encomiable esfuerzo de productividad significa, para efectos prácticos, que sus destinatarios fueron las autoridades de la administración actual, no las que las cometieron.

También es creíble que la ausencia del Presidente se relacione con el sesgo de varias resoluciones de la CNDH. He señalado que mientras la Secretaría de Salud fue ocupada por el mentor político del ombudsman (quien busca el liderazgo del PRI), sólo se hizo una Recomendación; mientras que en los primeros meses de este año ya le dirigieron dos. Es ampliamente conocido que a la CNDH le toma demasiado tiempo resolver los asuntos de su competencia. Por ejemplo, la Recomendación 12, referente al derecho a un medio ambiente sano en el Cañón del Sumidero, se concluyó casi ocho años después de recibida. En contraste, la número 29, relacionada con la supresión del programa de Estancias Infantiles, establecido por las administraciones panistas, se resolvió en poco más de tres meses. Tanta diligencia resulta sospechosa.