Buscan castigo para jueces y MP que ignoren violencia de género

Gabriela Quiroga Anguiano, diputada local por el PRD, anunció que presentará una propuesta que reforma diversos artículos del Código Penal capitalino, con la finalidad de tipificar la omisión de los Ministerios Públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de otorgar, de manera oficiosa, las más altas medidas de protección a favor de la víctima, principalmente en casos de violencia de género.

La propuesta, que subirá hoy al pleno del Congreso local, también busca tipificar la omisión de los impartidores de justicia cuando éstos no concedan las medidas cautelares que garanticen en mayor grado la  protección de la integridad y la vida de las víctimas u ofendidos, conductas que alcanzarían hasta ocho años de prisión.

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A decir de la promovente, esta iniciativa fue nombrada “Ley Abril”, pues está inspirada en el caso de Abril Pérez Sagaón, a cuyo esposo  un juez le reclasificó el delito de intento de feminicidio —por el que estaba encarcelado— por el de violencia familiar, con lo que el implicado salió en libertad. Tiempo después, Abril fue asesinada.

También retoma el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, agredida con ácido por su expareja sentimental, caso que sigue sin resolverse, a pesar de que la víctima ha otorgado datos de su agresor.

“Esta propuesta tiene que ver con reformar el Código Penal para que, donde haya una denuncia de violencia en contra de una mujer, pueda, de manera obligatoria, tratarse con perspectiva de género”

Gabriela Quiroga

Diputada local del PRD

La propuesta, busca modificar los artículos 293 y 299 del Código Penal del Distrito Federal, en el Capítulo II de Delitos en el Ámbito de la Procuración de Justicia, para incluir conductas que deriven en la no aplicación medidas de protección a favor de la víctima, ofendido o testigos de un delito.

De igual manera plantea agregar un artículo 293 Quater, para que el servidor público que no solicite u ordene todas y cada una de las diligencias que resulten idóneos para acreditar la responsabilidad y participación de un imputado en un delito, sea castigado con una pena de siete a 18 años de prisión y multa de 100 a 500 días multa.

La legisladora señaló que la preocupación por este tipo de casos nace de una falta de sensibilidad y perspectiva de género por parte de quienes atienden en los Ministerios Públicos, los Juzgados de Control del Poder Judicial, así como los órganos investigadores, quienes, al restarles importancia a los hechos, reclasifican los delitos, lo que permite que los responsables queden libres.

“Esta propuesta tiene que ver con reformar el Código Penal de la ciudad para que, donde haya una denuncia de violencia en contra de una mujer, pueda, de manera obligatoria, tratarse cada una de estas denuncias con perspectiva de género”, declaró Quiroga Anguiano.

“Queremos dejar la obligatoriedad del MP a que no te tiene que pasar una conciliación, sino que se tiene que dictar una medida cautelar (y) los jueces tienen obligación de habilitar un espacio donde la víctima pueda estar a salvo”

Karen Quiroga

Integrante de la DNE del PRD

Mencionó que deben otorgarse, de manera oficiosa, las más altas medidas de protección en favor de las víctimas; pero también, de manera obligada, se cumpla con cada uno de los aspectos del debido proceso, lo que implica que se practiquen todas las diligencias, informes y dictámenes periciales que contribuyan a acercar la justicia a la víctima.

Destacó que más de la mitad de los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas sentimentales u otros miembros de la familia y que una proporción aun mayor son cometidas por razón de género, según datos de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En su oportunidad Karen Quiroga Anguiano, integrante de la Dirección Nacional  Extraordinaria (DNE) del PRD y quien participó en la elaboración de la propuesta, señaló que recibió una propuesta de la actriz Vanessa Bauche para generar la “Ley Abril”, con la intención de que las mujeres puedan protegerse ante la inacción, omisión flagrante o falta de perspectiva de género en el actuar de distintas autoridades.

El dato: Héctor Jiménez López, magistrado señalado de haber dejado en libertad al exesposo de Abril, no acudió a la sesión en el Congreso en la que buscaba que se votara su ratificación.

“Lo que queremos hacer es dejar la obligatoriedad del Ministerio Público a que no te tiene que pasar una conciliación, sino que se tiene que dictar una medida cautelar. En la parte de la obligatoriedad para los jueces, nosotros estamos generando el que tiene que ver el caso con perspectiva de género, tiene que generar el hecho de la retención, del alejamiento y, sobre todo, la obligación de habilitar un espacio en donde la víctima pueda estar a salvo”, afirmó.

De acuerdo con el documento, las instancias de procuración e impartición de justicia no han actuado con perspectiva de género, lo que provoca la obstaculización del procedimiento por la sustracción del imputado, quien eleva el nivel de violencia, al ver que sus actos no tienen graves consecuencias.