A cuatro días de que un diputa do de Morena presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley para prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad en las escuelas capitalinas, en la misma bancada ya se prepara una segunda propuesta que aborda el mismo tema, pero que no sólo pretende abarcar los colegios, sino, además todo el comercio de la vía pública.

A diferencia de la primera reforma, impulsada por el legislador Miguel Ángel Macedo, la segunda plantea un marco regulatorio para este tipo de productos en puestos ambulantes, una medida que, afirman los promotores del proyecto, garantizará que los menores no tengan acceso a grasas y azúcares, a menos que sus padres los adquieran por ellos.

La nueva ley también propone que los niños y las niñas tampoco tengan acceso a la chatarra que se oferte en supermercados o tiendas de conveniencia.

El proyecto será presentado este miércoles 26 de agosto por los legisladores Lourdes Paz Reyes, Isabela Rosales Herrera, José Luis Rodríguez Díaz de León y Ricardo Fuentes Gómez, ante la Comisión Permanente del Congreso local.

La iniciativa también contempla una modificación a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en materia de salud, pero además a la Ley de Establecimientos Mercantiles y la de Justicia Cívica, para definir sanciones, las cuales no serían punitivas, sino que ameritarán trabajo comunitario, como ocurre con las faltas de tránsito, a través de las fotocívicas.

De manera reciente, la Secretaría de Salud del Gobierno capitalino identificó, a través de un estudio realizado a 10 mil 500 niños, que seis de cada 10 menores de edad enfrentan sobrepeso u obesidad.

En la etapa de preescolar, señala el análisis, se detectó un buen nivel de nutrición, pero cuando los pequeños ingresan a la primaria, sobre todo a partir del tercer grado, es cuando comienzan a ganar más peso porque adquieren malos hábitos en su alimentación.

El diputado morenista José Luis Rodríguez Díaz de León explicó a La Razón que dentro del análisis de la problemática se busca alcanzar un consenso entre todos los grupos parlamentarios, para legislar sin que las restricciones tengan un carácter delictivo, sino administrativo.

“El objetivo no es prohibir, sino establecer un acuerdo en cuanto al consumo de alimentos y bebidas que tienen una cantidad de calorías superior a la ingesta recomendada”, señaló.

El legislador también recordó que en enero de 2020 se publicaron las nuevas disposiciones relacionadas con los etiquetados de alimentos preenvasados, una información que es importante verificar con base en una estrategia que combata el sobrepeso y la obesidad y que coadyuve a brindar la oportunidad de una alimentación sana.

“Existen lineamientos que ya fueron expedidos en 2014 y que están relacionados con las reglas para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.

“Lo que planteamos es reforzar estos lineamientos en el contexto del consumo escolar y también en el de los establecimientos mercantiles, para avanzar en la posibilidad que niños y niñas de la Ciudad de México tengan otras opciones, es un mecanismo de protección”, dijo.

También señaló que ya se han intercambiado puntos de vista con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y con titulares de la secretarías de Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Consejería Jurídica.

“NO existen razones PARA rechazarla”

Cuestionado sobre si espera posibles impugnaciones por parte de sectores comerciales que pudieran verse afectados si se aprueban estas reformas, el morenista puntualizó que no hay motivos, ya que no se pretende modificar los estándares de los productos, ni intervenir en los etiquetados.

“Simplemente decimos que en los centros educativos eso no es posible, podrán en su casa o en cualquier otro lugar, con el consentimiento de sus padres y la responsabilidad de ellos tener el consumo que consideren”, añadió.

En un comunicado, Ricardo Fuentes Gómez, otro de los legisladores promoventes, precisó que vigilar la venta de comida chatarra también contribuye en la regulación del comercio en la vía pública, pues éste no está sujeto, por ejemplo, a la colocación de etiquetados frontales y en ocasiones algunos productos que se ofrecen en estos espacios no contemplan condiciones higiénicas para el empaque.

Precisó que para la elaboración de esta iniciativa ya se consultó con la Secretaría de Salud local, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y especialistas en salud de varias instituciones, para analizar la problemática de la obesidad que presentan los capitalinos y que tenga un impacto positivo en la salud pública.