Hasta con dos mil pesos, detenidos con armas en el DF libran la cárcel

Con el pago de una multa que puede ir desde los dos mil hasta los 10 mil pesos, cualquier persona que sea detenida con un arma de fuego en el Distrito Federal puede quedar en libertad sin siquiera tener que pasar más allá del Ministerio Público.

Y aunque éste llegue a encarcelarlo y consignarlo ante un juez, también alcanza la libertad con el pago de una fianza similar, debido a las bajas penas que se establecen en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Un ejemplo es el inciso I del artículo 83 de dicha legislación, el cual indica que “al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará con prisión de tres meses a un año y de uno a 10 días multa…”.

Las bajas penas por el delito de portación de arma de fuego en la Ciudad de México han provocado que de enero a julio de este año al menos 713 personas resultaran lesionadas a balazos.

Esto significa que, en promedio, a diario alrededor de 3.4 personas son agredidas con armas, de acuerdo con cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Las mismas estadísticas de la dependencia capitalina indican que el año pasado fueron mil 231 las personas heridas por disparos de arma de fuego; es decir, en promedio fueron 3.4 por día. Y en 2013 se contabilizaron mil 496, lo que se traduce en 4.1 diarias.

Tan sólo en este año, las autoridades han detenido a 180 personas portando diversas armas. En 2014 fueron 422 y en 2013 sumaron 765. Gran parte de ellas quedaron en libertad tras pagar una fianza que no superó los 10 mil pesos en efectivo.

Actualmente llevar armas calibre 22, 25, 28 o 32 sólo se tipifica como delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Y llevar un arma de las llamadas “de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas” tampoco es considerado grave, pues de la misma manera existe la posibilidad de salir desde el Ministerio Público tras el pago de una fianza.

Sólo la portación de un arma larga, calibre 223, subametralladoras o que disparen en ráfaga, es considerado un delito grave, lo cual amerita la pena de prisión inmediata.

Ante los últimos homicidios registrados en la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Mancera, pidió modificar y aumentar las penas para quienes porten armas de fuego.

“Estamos tanteando elevar las penas por la portación de armas, porque si no, la policía de la Ciudad de México realiza capturas, presenta a los probables responsables y de inmediato obtienen su libertad con el pago de una caución, la verdad es que es muy importante que logremos crear conciencia y evitar que la gente ande armada en la ciudad”, expresó.

Al respecto, el abogado penalista Juan Velázquez lamentó las bajas sanciones por este delito, pues “si en una de esas lo detienen, al día siguiente queda libre bajo caución”.

Ante ello calificó como “atinada” la propuesta del Jefe de Gobierno para tipificar la portación como un delito grave.

“En estos momentos ¿qué tanto le importa a un delincuente portar un arma de fuego? Si en una de esas lo detienen, al día siguiente queda libre bajo caución. Con esta propuesta de Miguel Mancera, ese delincuente lo pensará dos veces antes de portarla, porque sabría que si lo aprehenden, se iría a la cárcel”, opinó el litigante.

De forma similar opina el aún presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, quien se pronunció a favor de reformar el Código Penal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

“Hay que hacerlo delito grave, porque de lo contrario estamos permitiendo que mucha gente use armas prohibidas, que haya un asunto de riesgo, de peligrosidad y que prevalezca la cultura de la impunidad, la cultura por la cual se cree que violentar cualquier norma puede ser posible porque no hay castigo, entonces contribuye a la cultura de la impunidad”, dijo.

El experto penalista Gabriel Regino fue más allá al asegurar que aumentar las penalidades por este delito no es lo único en lo que deben enfocarse las autoridades, sino que también deben impedir que las armas lleguen con facilidad a las personas.

“La portación de armas de fuego en México, es la prueba de los esfuerzos que aún hacen falta para combatir el tráfico de armas. Imponer más penas no resuelve el fondo de ese fenómeno”, consideró.

En su opinión, también deben enfocarse en la despistolización, no sólo en la ciudad, sino en todo el país.

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