Incertidumbre jurídica y política, lo que sigue

La confirmación de las medidas cautelares en contra de Sandra Cuevas abre un camino lleno de incertidumbre jurídica y política, por las lagunas de la legislación, señalaron fuentes del área jurídica del Congreso de la Ciudad de México.

Los asesores de esta área trabajan a marchas forzadas para tratar de deshacer el entuerto derivado de la acción penal en contra de Sandra Cuevas, pues se trata de algo inédito, que el marco jurídico no cubre con claridad.

La Ley Orgánica de Alcaldías señala que las ausencias temporales no pueden pasar de 60 días, tras de los cuales el Congreso debe nombrar a un alcalde interino y el IECM debe convocar a nuevas elecciones.

Sin embargo, el ordenamiento se refiere a ausencias derivadas de licencias solicitadas por los propios alcaldes. Y no especifica si una suspensión por orden judicial equivale a una ausencia.

La jueza de la causa fijó un plazo de dos meses para que el Ministerio Público termine la investigación, lo que garantiza que la alcaldesa estará separada de su cargo durante más de dos meses.

Pero un eventual nombramiento de alcalde interino por parte del Congreso local al terminar esos dos meses, podría llevar a Sandra Cuevas a buscar un amparo, debido a que no queda claro si la suspensión que le impuso el Poder Judicial es equivalente a una ausencia.

Ayer, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró que Sandra Cuevas solo está suspendida, no destituida, lo que abona a la duda sobre si esta figura de la suspensión, contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, puede ser tomada como ausencia para efectos de nombrar un interino en el plazo señalado por la Ley Orgánica de Alcaldías.

Uno de los posibles escenarios es la destitución de Cuevas por parte del Congreso, algo en lo que ya piensan la coordinadora y vicecoordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura y Guadalupe Morales Rubio, respectivamente.

Ambas señalaron que el Poder Judicial debe notificar al Congreso local sobre la vinculación a proceso en contra de la alcaldesa para que el órgano legislativo la someta a juicio político y le retire de manera definitiva el cargo.