Localizan a la niña Sayuri: ¿robo o sustracción?, esto es lo que se sabe

Luego de que se difundiera en redes el presunto robo de la niña Sayuri en inmediaciones de Metro Zaragoza, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que la menor ya fue localizada, agregó que la Fiscalía capitalina investiga el caso como una sustracción de menores. 

En su cuenta de Twitter, el Secretario detalló que "el caso lo está atendiendo la Fiscalía General de Justicia, la menor al parecer se encuentra con su papá", detalló que atienden a la madre de la menor, "por el delito de sustracción de menores".

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Por su parte, la Fiscalía aclaró que "no se trató de un robo" pues tras el contacto que tuvieron con la madre de Sayuri esta manifestó que fue el padre de la menor quien se la había llevado.

Sayuri, ¿robo o sustracción?

Antes de que se conociera que la niña había sido localizada, activistas, internautas y periodistas dieron difusión en redes al presunto robo denunciado por la madre. 

 Sin embargo, a pesar de que autoridades aseguran que la niña ya fue localizada, la madre denunció en Facebook, pasadas las 18 horas de hoy, que aún no encuentra a su hija.

En su mensaje confirma que el padre fue quien le arrebató a Sayuri "con uso de violencia".  La mujer compartió una serie de fotografías en las que aparecen tanto el supuesto padre como la niña. 

Aunque ya quedó claro que no se trató de un robo, en México también se penaliza la sustracción de menores con uno y hasta 15 años de prisión (al menos en la capital del país), dependiendo del parentesco que tenga la persona que sustrajo al menor.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una sustracción es una "retención u ocultamiento ilícito a la separación unilateral e injustificada de una niña, niño o adolescente, de la persona que legalmente detenta su guarda y custodia, ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar de residencia habitual”.

La CNDH señala que las sustracciones dañan el equilibrio de los niños y adolescentes, al alterar sus "condiciones afectivas, sociales y culturales", lo que constituye un atentado contra los derechos humanos de los menores. 

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