72% de penales, con autogobierno

Uno de los mayores problemas que tenemos en los penales y en los reclusorios del país son los llamados sistemas de autogobierno. En otras palabras, en esas cárceles son los presos quienes tienen el control y el gobierno, con lo que además de utilizarlas como centros de operación de distintos grupos criminales terminan por propiciar hechos violentos, motines y ajustes de cuentas.

Desde ahí se extorsiona, a veces se dirigen secuestros y en ocasiones los presos salen a delinquir de sus celdas para después resguardarse en ellas. Difícilmente la policía va a buscar a alguien que cometió un delito que se supone está preso.

Lo vimos clarísimo después del motín que se dio en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, que dejó un saldo de 49 muertos y 12 heridos. Las autoridades estatales tardaron horas en poder entrar a la cárcel y en ese entonces el propio gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco, declaró que de haber ingresado a intentar detener la riña la masacre hubiera sido aún peor. Y cómo iban a meterse si quienes controlaban ese penal eran los propios presos. Imagínese usted: había custodios para los presos que ni siquiera estaban detenidos en la cárcel.

Este martes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, un informe sobre las cárceles del país que evidencia que un gran número de ellas muestra hacinamiento, autogobierno por parte de los internos a falta de suficientes custodios, la existencia de privilegios y malas condiciones de salud, higiene y alimentos para los presos, entre otras situaciones.

De los 130 centros estatales, la CNDH reporta que en 95 carecen de personal de seguridad y custodia suficiente; en 71 existe hacinamiento; en 73 hay áreas de privilegios, como celdas individuales, mientras 30 internos ocupan un espacio para cuatro, así como presencia de celulares, televisores, armas y sustancias prohibidas.

Pero sobre todo llama la atención que en 71 penales está documentado que se rigen por medio de autogobiernos. Es decir, que los reclusos más poderosos son los que manejan las cárceles y además tienen amenazado al resto de la población carcelaria.

En 86 penales se detectó falta de prevención y atención de incidentes violentos, como riñas, lesiones, fugas, homicidios y motines.

Con respecto a los penales federales el informe indica que 16 de los 21 carecen de suficiente personal de custodia; en ocho hay faltantes para prevenir la seguridad; en seis existe sobrepoblación, entre ellos el del Altiplano, donde está Joaquín El Chapo Guzmán, cuya capacidad es para 836 internos y contabiliza mil 018. En 15 hay deficiencias en programas de prevención de adicciones y desintoxicación. Un penal de máxima seguridad que alberga más presos de los que tiene capacidad para mantener deja de ser una prisión de máxima seguridad.

En los penales federales hoy se trabaja de una manera bastante más eficaz, aunque todavía falta mucho por hacer; el problema real reside en los penales estatales.

Eduardo Guerrero, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, ha dicho que se trabaja en crear una estrategia nacional para reestructurar el sistema penitenciario, no sólo en las cárceles federales sino también en las estatales. Ha señalado que se tienen que homologar los protocolos de los reclusorios estatales para poder garantizar la gobernabilidad en las prisiones.

Y es totalmente cierto: si no se puede controlar la seguridad en un lugar que se supone es cerrado y se tiene o debería tener el registro de todos aquellos que ahí viven ¿cómo se puede pretender tener seguridad fuera de él?

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