Ayotzinapa, año IV

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El tema es obligado. Hoy se cumplen cuatro años del secuestro y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el ataque más grave y artero que cualquier fuerza del Estado mexicano haya cometido en contra de población civil inerme desde 1968.

Falsedad histórica. Al día de hoy, sólo se tiene la certeza de que los estudiantes fueron secuestrados en Iguala, pero no hay precisión de lo que realmente sucedió en el basurero de Cocula y el río San Juan. La llamada “versión histórica” se fue por la borda. No se puede dar oficialmente por muertos a la gran mayoría de los normalistas, porque las investigaciones realizadas por la PGR fueron desaseadas y no han sido concluyentes. Los normalistas siguen, pues, considerados como “desaparecidos” porque, sencillamente, nadie sabe dónde están.

La PGR y la Comisión de la Verdad. Lo más relevante que ha ocurrido en este último año acerca del tema han sido los litigios en torno a la creación de una Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. En junio de este año, un tribunal federal de Tamaulipas dispuso la creación de dicha comisión, además de la reposición del procedimiento de una veintena de detenidos. Consecuentemente con su ya insoportable ineficacia, incompetencia y sesgo político —esto es, todo lo contrario a lo que deberían ser sus objetivos institucionales—, la PGR interpuso, en el mismo mes de junio, un incidente “sobre la imposibilidad jurídica y material” de establecer una Comisión de la Verdad, bajo al argumento de que ello trastocaría el orden jurídico mexicano, ya que no tendría facultades para investigar delitos. En julio, un tribunal unitario de circuito del Poder Judicial Federal dio la razón a la PGR. Pero, venturosamente, al resolver en un juicio de amparo interpuesto en contra de esta última resolución, la semana pasada el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, revirtió ese fallo y determinó que sí hay sustentos constitucionales, legales y convencionales suficientes para proceder a la creación de una Comisión de la Verdad.

Entre la esperanza y el laberinto sin salida. Salvo que la sentencia del Tribunal Colegiado sea impugnada ante la Suprema Corte, la comisión habrá de ser establecida, con la facultad de definir las líneas de investigación, por lo que los padres de los desaparecidos podrán, en principio, tener la confianza de que las indagatorias irán en el sentido correcto. Ahora bien, que no haya ilusos para que no haya luego desilusionados: si el (humanamente muy justificado) reclamo es que aparezcan con vida todos aquéllos cuyos restos no han sido identificados, es sumamente improbable que eso pudiera llegar a ocurrir. Por el contrario, el objetivo de la comisión tendría que ser esclarecer con la mayor certeza posible qué pasó con los normalistas y dictar las medidas necesarias para sancionar a todos los culpables y reparar los daños y perjuicios que se establezcan, tras lo cual podrá decretarse el duelo nacional que corresponda. Más ambicioso aún es plantearse el objetivo de aportar medidas que garanticen que nunca más se cometa una atrocidad de esa magnitud.