¿Cambio de régimen en México?

A sombra, desde otras experiencias latinoamericanas, la libertad con que en México se habla de “cambio de régimen”. Durante toda la campaña presidencial Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores no sólo lo demandaron sino que lo dieron por hecho. Sus críticos en los medios de comunicación también aludieron al cambio de régimen, ya fuera para asumirlo como realidad adversa o para señalar sus peligros.

En la teoría política más difundida, los regímenes políticos se definen de acuerdo con sus formas de gobierno, esquemas de división de poderes o la mayor o menor extensión de sus libertades públicas o estados de derecho. Se habla, por ejemplo, de regímenes democráticos, autoritarios o postotalitarios, monárquicos o republicanos, parlamentarios, semiparlamentarios o presidencialistas.

Desde esa perspectiva analítica, el triunfo de López Obrador y la constitución de su partido Morena en mayoría absoluta en el congreso federal, no cambia el régimen político mexicano. Aunque cambie la correlación de fuerzas políticas e, incluso, el sistema de partidos, no necesariamente cambia el régimen. Para que suceda esto último tendría que producirse una reforma constitucional destinada a ese objetivo o una alteración profunda en la estructura institucional del Estado.

Mientras eso no tenga lugar, el régimen mexicano será el mismo que emergió del ciclo de reformas políticas que van de 1977 a 1996 y que puso fin al modelo autoritario de la post-Revolución. Es cierto que la nueva hegemonía morenista reproduce una situación parecida al antiguo régimen, pero las reglas del juego político son otras. La hegemonía de Morena es democrática y la oposición posee todas las garantías necesarias para contrarrestarla.

La propia liberalidad con que, equivocadamente o no, unos y otros hablan de cambio de régimen en México, confirma el carácter democrático del sistema. En Venezuela, Nicaragua o Cuba cualquier proyecto dirigido a un “cambio de régimen” es automáticamente asumido como enemigo del Estado y penalizado por las leyes. Los actores políticos que defienden la democratización de esos países son colocados al margen de la ley por atentar contra los fines del orden constitucional.

Lamentablemente, esa naturaleza democrática no siempre es reconocida por los propios protagonistas del sistema mexicano. Con frecuencia, los mismos vencedores en las pasadas elecciones demeritan la democracia mexicana o la confunden con el “neoliberalismo”, un concepto al que, como recuerda Fernando Escalante, se otorga un significado sistémico o totalizador, que rebasa los contenidos específicos de la política económica y social.

Si hay un cambio del actual régimen esperemos que sea para hacerlo más democrático y no para devolverlo al viejo molde autoritario o experimentar con alguna nueva modalidad “iliberal” del siglo XXI. Es más lo que puede avanzarse en la ampliación de derechos que en el rediseño del Estado.