Cassez y el hubiera

Elisa Alanís.

Culpable o inocente, no se sabrá. Ayer, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se evidenció la vulnerabilidad de los presuntos responsables de haber cometido un delito, el de las víctimas, y el de un Estado que no logra proteger eficazmente los derechos de sus habitantes.

El “debido proceso legal” surgió y permanece como un elemento crucial de las democracias. Se trata de un conjunto de derechos que el Estado garantiza a todo aquel que es acusado de haber cometido un crimen para que cuente con un juicio justo. Si este mínimo de justicia formal no se respeta, el Estado no puede acreditar ni la culpabilidad ni la inocencia de alguien. Ahí está Florence Cassez.

Los abusos del poder para alterar pruebas y procesos sumado a las acciones “legulellas” de muchos abogados que buscan cualquier resquicio para, por fallas procedimentales, liberar a sus clientes, convierte la cotidianeidad en algo dramático: inocentes encarcelados, culpables en libertad y la sociedad en la desinformación total.

El abuso de las formalidades también provoca que la justicia no siempre llegue.

Dicen que el hubiera no existe. Pero resulta interesante plantearlo, pues puede convertirse en el inicio de una realidad.

Si la reforma constitucional de 2008 ya se hubiera implementado y contáramos con un sistema de justicia penal adversarial, el caso Cassez no hubiera existido.

Un juez de garantías o controles no hubiera permitido montajes, ni acciones que vulneren los derechos de los involucrados, así como tampoco hubiera permitido la selección discrecional de pruebas.

Este mismo juez, hubiera aceptado y pedido pruebas a la defensa del mismo peso que las presentadas por la autoridad.

Esto hubiera obligado a la policía de Genaro García Luna a realizar auténticas investigaciones y no, construcción de culpables.

Los tiempos del proceso hubieran sido claros y determinados para que las partes presentaran sus pruebas de manera equitativa, frente a un juez.

Toda prueba ilícita se hubiera proscrito.

Además, todo el juicio hubiera sido público y conocido. Los abusos o asuntos sin sentido hubieran caído por su propio peso.

Pero no estamos en esa realidad. No sabemos si iremos hacia allá como lo demanda la esencia de la reforma del 2008. El proceso para implementar el nuevo sistema de justicia penal sigue su curso de manera desigual, dependiendo de la entidad federativa, y con los mismos actores incompetentes, negligentes o corruptos del sistema pasado: jueces, policías, ministerios públicos, etcétera.

Habrá que esperar, máximo cuatro años, para empezar a evaluar si los controles de calidad, la capacitación y en general, las nuevas reglas, transforman la realidad.

Hoy, el caso de Florence Cassez pone de manifiesto las insuficiencias y debilidades del Estado de Derecho y de las instituciones de procuración y administración de justicia. De hecho, muestra el estado de injusticia mexicano.

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