Colima: el que a hierro mata...

Mañana, los electores de Colima irán a las urnas para reponer la elección que el Tribunal Electoral anuló porque alguien de la administración estatal hizo trampa —e intencionalmente lo hizo público— al llamar a votar por el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Preciado, no sin razón, impugnó el resultado en el que había perdido en junio pasado por 503 votos. La intervención de servidores públicos es ilegal y, según las leyes mexicanas, hace que la contienda

sea inequitativa.

La decisión de la autoridad electoral se modificó unas horas antes de la votación cuando salieron a la luz pública unos audios en los que un alto funcionario de Colima daba la orden de usar recursos públicos para apoyar a un candidato. Así Preciado volvía al ring gracias a información obtenida ilegalmente y filtrada a medios

desde el anonimato.

Los dos contendientes, José Ignacio Peralta y Jorge Luis Preciado, repitieron como abanderados de sus partidos pero el proceso ya estaba dañado y lejos de elevar el nivel del debate, recurrieron a las peores prácticas posibles, esas que enlodan cualquier proceso democrático.

Las últimas semanas estuvieron marcadas por las descalificaciones entre candidatos más que por propuestas. El pantano del espionaje telefónico renació y reveló secretos privados de uno de ellos en una maniobra en que la sospecha sobre la imparcialidad de la fuente, Anonymous, queda en entredicho.

Tanto los candidatos como sus partidos debieron haber cuidado la limpieza de esta elección para despejar cualquier duda sobre lo que suceda mañana, pero para ambos bandos fue más importante la victoria, dejando en segundo plano la confianza del electorado.

Para el PRI resulta indispensable ganar si quiere demostrar que la victoria de junio pasado fue legal y más aún irreversible; y, para el PAN, ganar le permitirá probar que tuvo razón en la anulación y que sin la intervención del gobierno habrían vencido. Tanto Acción Nacional como el Revolucionario Institucional se juegan mucho más que una gubernatura, es el inicio de los proceso electorales del año.

Las denuncias por inequidad no paran y van mucho más allá de lo meramente electoral: que si se promocionaron fuera de los tiempos permitidos o si usaron un evento televisivo para anunciarse, por un lado; o que si atropelló a un motociclista, que si evadió al fisco o si es responsable de trata de personas, por otro. Inclusive parece que la campaña del PAN habría rebasado los topes de gastos de campaña. En fin, un lodazal. Peor que la campaña de hace seis meses.

La tragedia de Colima es que es evidente que los candidatos y partidos no aprendieron nada y probablemente no lo hagan con el resultado de mañana. No tomaron el fallo judicial como un llamado a modificar su comportamiento y limpiar sus procesos, por el contrario, parece que la anulación —y la filtración que dio pie al fallo— sólo confirmaron el sentir de que ‘el que a hierro

mata, a hierro muere’.

No me espantan las guerras electorales, ni las acusaciones, ni los spots diseñados para desprestigiar al rival, es más hasta aplaudo las contiendas de contrastes y franquezas. Lo que me espanta es la honda ilegalidad que nos permitimos los mexicanos. La ciudadanía del estado y de todo el país necesita de elecciones competidas y legales, que devuelvan la percepción de que democracia es la mejor forma de elegir gobernantes.

Ojalá que mañana en Colima el perdedor reconozca el resultado y termine de una vez con esta comedia.

luciano.pascoe@gmail.com

Twitter: @lucianopascoe