Cuando “No” significa “Sí”

En los últimos días, casi todos los medios de comunicación de la izquierda latinoamericana —desde los más ponderados hasta los más extremistas— han editorializado el resultado del plebiscito del pasado domingo, en Colombia, como un “no a la paz” o un “sí a la guerra”. Página 12, en Argentina, por ejemplo, dijo: “Ganó el no a la paz en Colombia”, y La Jornada, en México, mucho más tajante, concluyó: “Colombia dice sí a la guerra”.

Lo cierto es que una lectura mínimamente cuidadosa del resultado del plebiscito y de los posicionamientos de los principales contendientes, informa que la voluntad mayoritaria de cada mitad —el 49% del Sí y el 50% del No— y de la gran masa del abstencionismo —62% del electorado— es favorable a la paz. Lo que divide a Colombia, como apuntábamos en esta columna hace meses, no es la rígida alternativa entre guerra y paz sino las diversas maneras de conducir el dilema entre justicia y transición, luego de un conflicto tan sangriento y prolongado.

Como Héctor Abab Faciolince o Mario Vargas Llosa, soy de la opinión que un triunfo del Sí habría facilitado el avance de la justicia transicional en Colombia, que es el enfoque más adecuado para procesar los costos de la guerra en ese país suramericano. El malestar de amplios sectores de la sociedad civil y de la clase política colombianas —especialmente de la comunidad de víctimas y del partido Centro Democrático de Álvaro Uribe y Oscar Iván Zuluaga— pudo canalizarse por fuera del plebiscito y lograr una renegociación del acuerdo de La Habana.

Ahora esa renegociación deberá hacerse luego de la derrota de la consulta promovida por el gobierno de Juan Manuel Santos. Tanto el presidente como sus opositores, los líderes de las FARC o los de las asociaciones de víctimas de la guerra, han insistido en las últimas horas en que si el acuerdo firmado en Cartagena era entre dos —el gobierno y las FARC— después del 2 de octubre deberá ser entre cuatro: el gobierno, la oposición, las FARC y sus víctimas.

Si esa nueva negociación se pone en marcha cuanto antes, superando la apoteosis de la polarización que generó el plebiscito, tal vez pueda lograrse un acuerdo de paz mejorado, antes de las elecciones presidenciales de 2018.

Aún cuando ese acuerdo no se someta a una consulta vinculante, como el pasado plebiscito, es posible que se traduzca en una política de Estado con mayor eficacia y perdurabilidad que la que ofrecía el pacto de La Habana.

Por lo pronto, deberá pasar el frenesí del triunfo y el mal sabor de la derrota, para que las cuatro partes involucradas rehagan el diálogo. Poco ayudan, a esa impostergable renegociación, el revanchismo de unos y el resentimiento de otros. Quienes en La Habana o Caracas intentan sacar ventajas mediáticas del proceso de paz, para dotarse de la legitimidad que les falta, o quienes en Bogotá o Miami hacen del plebiscito una pieza más de su maquinaria electoral, serían igualmente responsables de obstruir el avance de la justicia y la reconciliación en la Colombia del siglo XXI.

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