Dilema de los comunistas cubanos

El sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, que debió celebrarse en 2002, finalmente tendrá lugar el próximo abril, en La Habana.

Unos mil delegados, en representación de más de 800 000 militantes de ese partido, se reunirán a debatir sólo un asunto: el ajuste de la economía cubana propuesto por el gobierno de Raúl Castro en la segunda mitad del 2010. Los máximos líderes de ese partido único establecieron el tema “único” por medio de unos Lineamientos en los que se esboza una tenue reforma económica, cuyo principal avance hacia el mercado se limita a autorizar más de 170 modalidades de trabajo por cuenta propia —pequeños negocios personales y familiares, fundamentalmente— con el fin de emplear al medio millón de trabajadores estatales que serán despedidos el próximo año. Por superficial que nos parezca ese ajuste, desde la perspectiva de cualquier economía de mercado, para los comunistas cubanos y, especialmente, para la vieja nomenclatura habanera, que formó y consolidó su poder durante la era soviética, se trata de un proceso ideológicamente complicado. A pesar de su limitación, el ajuste supone el reconocimiento público, ya expresado por el propio Raúl Castro, de que el Estado cubano es incapaz de emplear la mitad de la fuerza laboral del país, que suma más de cuatro millones de personas.

Si cerca de dos millones de cubanos pasan, en los próximos años, del sector estatal al no estatal —cuentapropistas, pequeños propietarios agrarios, cooperativistas…—, aún con la precariedad de este último en Cuba, las relaciones entre la ciudadanía y el Estado deberán cambiar. Si además de dejar de emplear a la mitad de la población, ese Estado se verá obligado, como también anunció Raúl Castro, a suprimir subsidios a la alimentación, la salud y la educación, entonces el capital político y la fuente tradicional de legitimidad del socialismo cubano deberán resentir el ajuste. El tema fundamental del sexto congreso del PCC será la economía, pero el dilema principal de los congresistas será la ideología. Los más doctrinarios se resistirán a cualquier avance al mercado, por dogmatismo y por intereses creados, a pesar de que el propio Raúl Castro haya presentado el ajuste bajo la disyuntiva de “reformarse o morir”. Los más pragmáticos valorarán las ventajas de liberar el sector no estatal, aunque no pierdan de vista el problema político que, en el corto plazo, puede generarles una cautelosa desestatización de la economía.

Por mucho que ambos Castros, Machado Ventura y otros líderes tradicionales insistan en evitar el uso de las palabras “reforma” y “cambio”, estos conceptos flotarán en los discursos de los congresistas y, sobre todo, en las mentes de los ciudadanos, que seguirán el congreso a través de los medios oficiales de comunicación. La paradoja de un Estado que se autodenomina “socialista” y que no tolera, siquiera, la pequeña y la mediana empresas de capital nacional, pero que no puede dar empleo a cerca de la mitad de sus adultos, se hará más visible la próxima primavera en Cuba. No faltarán entre los delegados a ese congreso quienes defiendan más abiertamente que el propio Raúl Castro la necesidad de proceder a un verdadero cambio estructural de la economía cubana, que se abra, por lo menos, a la pequeña y la mediana empresas.

Pero, seguramente, serán minoría. Habrá que ver cómo el liderazgo modula esas voces y, sobre todo, qué tan rígida se muestra la mayoría inmovilista ante los llamados a la apertura.

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