Discriminación y legisladores

La Academia Española atribuye dos significados a la voz discriminar. En el primero lo define como “seleccionar excluyendo”, en el segundo como “dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos o de sexo”. Para justificar las distinciones se acude a

los estereotipos.

En lugar de juzgar a las personas por sus características individuales, los estereotipos simplifican mediante las generalizaciones: las mujeres son tontas; los judíos, avaros; los indios, flojos, y los homosexuales, pervertidos.

Si bien la nuestra es una sociedad mestiza, resultado de más de 500 años de mezcla entre españoles, indígenas y, en menor medida, negros, los mexicanos discriminamos cotidianamente. Carezco de elementos para afirmar que las actitudes discriminatorias son más frecuentes aquí que en otros países; de lo que estoy seguro es que en México su expresión es mucho más abierta y casi no recibe una sanción social.

Veamos un par de ejemplos recientes: El 19 de febrero Candelaria Pérez Jiménez, diputada local de Morena en Tabasco, al ser cuestionada sobre una propuesta que reconoce legalmente las uniones homosexuales afirmó: “A mí me gustaría que no existieran los gays, la verdad, pero qué le voy a hacer”. El 6 de abril Luz Elena Govea López, diputada local del PRI en Guanajuato, recibió a un grupo de indígenas que le expuso la falta de trabajo y que escuchó esta respuesta: “Cuando ustedes piden trabajo es necesario que manifestemos cuáles son nuestras aptitudes… No me imagino a las mujeres indígenas en una fábrica, haciendo el aseo de un edificio, detrás de un escritorio”. El lector podrá sorprenderse al saber que, cuando hizo esas declaraciones, la diputada Govea presidía la Comisión de Derechos Humanos del Congreso guanajuatense.

Es preocupante que los partidos políticos postulen a puestos de elección popular a candidatos con prejuicios discriminatorios. Sin embargo, el motivo mayor de alarma es la reacción institucional ante los hechos. En el caso de la legisladora morenista, legalmente no hay nada qué hacer, pues Tabasco, gobernado por el PRD, carece de ley contra la discriminación. En Guanajuato sí existe legislación antidiscriminatoria, de modo que habrá que estar pendientes de la resolución del consejo local. El Conapred emitió sendos comunicados en los que se-ñala la emisión de medidas precautorias advirtiéndoles a ambas legisladoras que debían abstenerse de hacer comentarios contra la dignidad de las personas y las conminaba a dar una explicacion pública de sus dichos. Cuando uno está a punto de aplaudir al Conapred, se cae en la cuenta de que la ley que regula al Consejo señala expresamente su competencia para conocer de prácticas discriminatorias de servidores públicos federales. De ahí que en lo referente a las diputadas Pérez Jiménez y Govea López (servidoras públicas locales) su actuación se haya dado al margen de la ley. Es paradójico que el Conapred en estos casos intervino ilegalmente, mientras que se ha abstenido de ejercer durante años sus facultades para impedir el grito homofóbico en los estadios de futbol.

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