El fuero infinito y el optimismo perdido

Mañana vence el plazo constitucional para homologar las leyes estatales de acceso a la información y hacer realidad el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Hasta hoy sólo seis Congresos locales (los de Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Jalisco, Oaxaca y Tabasco) han cumplido. Los demás disponen de horas para hacerlo, siempre y cuando quieran.

Representantes populares y federales son aquellos que legislan y definen normas y cauces legales de cuanto corre bajo el manto del Estado. Nuestros legisladores redactan, proponen y aprueban o no leyes y reformas. De representantes sociales y de la Federación, cada vez tienen menos.

La comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, urgió hace unos días a la armonización de leyes para lograr una gobernanza pública eficaz a través de la articulación y la coordinación de diversas instituciones, particularmente las que están involucradas en fiscalización, transparencia y anticorrupción. Apeló incluso a las recomendaciones que en la materia ha hecho la OCDE.

Urgir a los legisladores es atenerse al refrán “a chillidos de marrano, oídos de chicharronero”. No atienden.

El periodo ordinario concluyó con sollozos de aquellos que se decían optimistas, como el senador Roberto Gil, del PAN, quien confiaba en lo de siempre: en la voluntad, las coincidencias, los acuerdos, el ánimo y el etcétera que conocemos de sobra. El periodo terminó sin nada.

La nueva demagogia legislativa se mudó al próximo periodo extraordinario, para el cual todos están de acuerdo, con voluntad y claridad. Lo único que no saben, y en lo que no están de acuerdo, es en la fecha, si antes o después de las elecciones del 5 de junio. Nada

para nadie.

Cualquier encuesta sobre ciudadanía y gobierno arroja que los electores están hartos de partidos y políticos, que el hastío es patente pero el divorcio imposible. Una parte del binomio no puede aún ser echada de casa, continúa perpetuando la impunidad por las promesas rotas y, más aún, por los plazos constitucionales que, al no cumplirse, pasa exactamente nada.

Optimistas documentados dicen que, gracias a las candidaturas independientes y quizá a la reelección de legisladores, es posible despedir, echar, a esos legisladores que representan la línea política de acción e intereses de sus nomenclaturas partidistas, pero ni por asomo de los ciudadanos. Dicen.

El 30 de abril venció el plazo para aprobar las leyes anticorrupción, el mando único policial, la iniciativa presidencial, imperfecta ciertamente, sobre mariguana para uso medicinal fundamentalmente. Mañana, 5 de mayo, vence el plazo constitucional para que las leyes locales de transparencia sean parejas y eficientes.

¡Lástima ciudadanos! La cosa electoral se calienta, la disputa por el poder impide, de nueva cuenta, abordar asuntos como corrupción y seguridad. Después del 6 de junio, si la elección presidencial no contamina todo por adelantado (y lo hará), entonces recobraremos el optimismo perdido.

urdiales@prodigy.net.mx

Twitter: @CarlosUrdiales