El INE restringe la libertad de expresión

Frenó en seco el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la censura y el ataque a la libertad de expresión del Instituto Nacional Electoral (INE) contra Televisa, Joaquín López-Dóriga y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Al INE le pareció condenable la entrevista en Chapultepec 18, conducido por López-Dóriga, en la citada televisora, en la que el gobernador expuso sus intenciones de contender por la candidatura presidencial panista. Para darles un escarmiento, ordenó a la empresa bajar de su portal de Internet la entrevista; y al mandatario no hablar sobre sus aspiraciones y logros de gobierno ante periodistas, aunque le pregunten.

Pero la Sala Superior del Tribunal de México revocó el viernes la desquiciada orden del INE y le recordó que esa entrevista fue “un auténtico ejercicio periodístico”, y como tal “es lógico que se haga mención a sus actividades públicas e inclusive privadas, puesto que la actividad periodística pretende aportar información exhaustiva y objetiva en torno al personaje que se presenta”.

Y determinó que tampoco el instituto, presidido por Lorenzo Córdova, tiene facultades para prohibir al gobernador, o cualquier político, abstenerse de emitir declaraciones que lo posicionen con files electorales o en las que destaquen sus logros gubernamentales. Porque hacerlo, asentó, constituye una “censura previa” y restringe la libertad de expresión. Una resolución importantísima del TEPJF para mantener las libertades, sobre todo en estos tiempos en que la voluntad de censura se enquista en el ánimo de instituciones, activistas, personas y políticos de todos los colores.

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Demoledor respaldo a que las Fuerzas Armadas sigan combatiendo al crimen organizado: nueve de cada 10 mexicanos consideran que los elementos del Ejército y la Marina deben permanecer en esas tareas, de acuerdo con la más reciente encuesta de Mitofsky, de Roy Campos. Lejano se ve, pues, que soldados y marinos regresen a sus cuarteles, como reclamó el propio secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el pasado 8 de diciembre, al recordar que “nosotros no pedimos estar aquí (en las calles)”, y más lejano aún está la creación de policías eficaces que eventualmente puedan sustituir a los militares en las tareas de seguridad pública.

La propia iniciativa de Seguridad Interna, necesaria para dar garantías a las Fuerzas Armadas en su participación en la lucha contra el crimen, fue pospuesta para febrero por el Senado, con lo que se deja a esos elementos sin ninguna protección jurídica y a expensas de que sigan procesándolos por violaciones a derechos humanos reales o ficticias.

Por un lado, demuestra la encuesta de Mitofsky, la sociedad sólo se siente segura con la presencia de militares en las calles y, por otro, hay un maltrato institucional hacia ellos al dejarlos expuestos a morir o ser encarcelados. Se está minando a una de las instituciones más comprometidas con el país y respetadas por los ciudadanos. No se vale.

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Se peló el prófugo exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, buscado por la PGR por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y peculado.

El periódico Reforma documentó ayer que su abogado, Juan Carlos Cajigas, informó el 4 de noviembre al Juzgado 37 Civil que su cliente “se encuentra fuera del país atendiendo diversas cuestiones”.

Mucho tiene que decir al respecto Flavino Ríos, el exgobernador interino que incluso proporcionó a Duarte un helicóptero oficial  para salir de Veracruz.

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