Estados fallidos y responsabilidades

Mauricio I. Ibarra

Las declaraciones del presidente uruguayo señalando que, a la distancia, México puede verse como un Estado fallido, representan una desproporción respecto a la situación nacional. Si José Mujica hubiera acotado su comentario a Guerrero, sus dichos merecerían ser reflexionados con mayor detenimiento.

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a manos de la policía municipal de Iguala, constituye una drástica llamada de atención sobre la situación prevaleciente en la entidad.

La indignación social en contra de la desaparición de los normalistas se ha dirigido hacia las autoridades federales, dando lugar a una percepción según la cual no existe responsabilidad en el ámbito local. Expongo un par de hechos que buscan orientar la discusión.

En 1990, el Congreso guerrerense creó la comisión de derechos humanos del estado. Debido a una singular interpretación legal, el presidente de esa instancia adquirió un carácter vitalicio, de modo que ocupó el cargo durante 23 años, hasta su muerte en diciembre del año pasado.

Desde hace casi un año, la comisión de derechos humanos carece de presidente. En enero de 2014 fue nombrado un encargado del despacho y en abril el Congreso reformó la Constitución para que el nuevo titular ejerza el cargo por cuatro años.

Aun cuando la legitimidad de las actuaciones del organismo queda en entredicho, al ser llevadas a cabo por un encargado, los diputados no han cumplido su responsabilidad de nombrar al ombudsman local.

En enero de 2013, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Víctimas, que estableció la posibilidad de que las víctimas puedan recibir reparaciones como consecuencia de violaciones a sus derechos humanos.

El sistema nacional de atención a víctimas prevé la existencia de comisiones locales en cada una de las entidades federativas, así como de fondos de reparaciones para resarcir integralmente el daño sufrido por las víctimas. A casi dos años de aprobada la ley general de la materia, el estado de Guerrero carece de comisión de atención a víctimas y de fondo de reparaciones.

 El Coneval señala que casi 70% de la población guerrerense (un poco menos de 2 millones y medio de personas) vive en condiciones de pobreza. Desde 2005 la entidad ha sido gobernada por el PRD, partido que ha ganado dos veces la gubernatura y que se mantiene como la fuerza política mayoritaria en el congreso local.

Ni siquiera la desaparición forzada de los 43 normalistas ha motivado a los integrantes del Congreso guerrerense a nombrar un ombudsman y a legislar para proteger a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La abulia legislativa de los diputados es atribuible exclusivamente a ellos, no a las autoridades federales. Teniendo en mente la situación de Guerrero: ¿No es más pertinente hablar de clase política fallida en vez de Estado fallido?