¿Fiscalía contra testigos protegidos?

La Fiscalía de la Nación no resolvería todos los problemas, pero por lo menos pondría orden en el tema del uso faccioso de la Procuraduría General de la República.

Para los políticos, de cualquier partido, siempre es una tentación la utilización de los recursos que puede proporcionarles el Ministerio Público y sus investigaciones.

En épocas electorales esto se hace más evidente, al grado de que en no pocas ocasiones estallan escándalos bastante convenientes para algunos de los partidos políticos.

A esto hay que sumar la divulgación de declaraciones de testigos protegidos que no tendrán eficacia en los juicios, pero que sin embrago significan un buen bocado para los medios de comunicación.

Las organizaciones criminales han avanzado y se están convirtiendo en un riesgo inclusive político, de ahí que se requiera de transparencia y eficacia en las investigaciones.

México ya es de los pocos países en el continente en donde el modelo de procuración de justica depende del poder ejecutivo.

Eso es sin duda un atraso a nivel internacional y un obstáculo para el combate a la impunidad.

Por ello creo que debe analizarse con detenimiento la propuesta de los diputados del PRI para crear dos fiscalías autónomas que tendrán la función de combatir al crimen organizado y de hacer frente a los delitos federales, entre ellos, por cierto, los electorales, quizá dotando de autonomía también a la Fiscalía Electoral.

El fiscal de la Nación tendrá que ser designado por las cámaras, para dotarlo de la fuerza suficiente para poder realizar un trabajo acorde con sus responsabilidades.

¿En qué cambiaría la procuración de justicia? En primer lugar la dotaría de credibilidad, que bastante falta le hace. También permitiría el establecimiento de políticas de estado para el combate al crimen, ajenas a las ocurrencias o caprichos de momento.

En un escenario plural como el mexicano, a todos los partidos, por no hablar ya de la sociedad, les conviene transitar hacia la autonomía, porque les garantizará que la información de las investigaciones no sea utilizada para golpearlos políticamente.

Lo que no puede ser es continuar con la feria de filtraciones y de amagues desde las procuradurías —las estatales tienen el mismo problema, con excepción de las que ya son fiscalías— lo que complica de manera seria el panorama de la justicia.

Quien dude de lo serio del problema, piense en lo que puede ocurrir si en 2012 vemos un desfile de testigos protegidos hablando de política y políticos.

Las consecuencias de esto, es evidente, pueden ser lamentables para nuestra vida pública.

Sólo un fiscal con un gran prestigio podrá hacer frente a la guerra de lodo que apenas inicia.

julian.andrade@3.80.3.65

Twitter: @jandradej