Guerra a la democracia

Rafael Rojas

Cualquier observador medianamente atento a la situación venezolana concluye que la decisión de cerrar y militarizar la frontera con Colombia, en el estado de Táchira, decretar el estado de excepción por 60 días, amenazar con extenderlo a otras regiones fronterizas y, de paso, deportar a miles de colombianos radicados en ese territorio limítrofe, es algo más que una puntual reacción al incidente en que resultaron heridos tres militares hace una semana.

El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido algo más serio: insertar desde ahora el proceso electoral venezolano en el conflicto bilateral con Colombia. Un conflicto fronterizo que, como cualquier otro, genera presiones internas sobre el gobierno de Juan Manuel Santos y suscita posicionamientos de los aliados o rivales regionales de ambos, de la OEA y de la comunidad internacional. Al diferir las tensiones electorales internas a la arena global, Maduro justifica cualquier limitación de libertades en Venezuela.

Se trata de un expediente manido y predecible. Ya en 2013, cuando se aproximaban las elecciones presidenciales de fines de ese año, que colocaron a la oposición encabezada por Henrique Capriles al borde de la victoria, el gobierno venezolano cerró la frontera colombiana y proclamó el estado de emergencia. Ahora hace lo mismo, en la víspera de unas elecciones legislativas que prometen asegurar a la oposición una mayoría relativa o una importante minoría parlamentaria en la Asamblea Nacional.

Como hace dos años, el tema de fondo no es la relación con Colombia, que el gobierno venezolano empeora o mejora a su antojo, sino la incapacidad del régimen de Maduro para relacionarse con una oposición creciente. La única manera en que un liderazgo como ese puede coexistir con un poder legislativo plural es por medio del respeto irrestricto a la división de poderes. Algo que, por lo visto, resulta demasiado incómodo tanto para Nicolás Maduro como para Diosdado Cabello.

El inevitable posicionamiento de la comunidad internacional complicará aún más el panorama político interno de Venezuela. El secretario General de la OEA, Luis Almagro, de paso por Colombia, ha suscrito la demanda de observadores internacionales en las próximas elecciones y ha cuestionado el cierre de la frontera. Como era de esperar, el gobierno venezolano respondió con acusaciones de “intervencionismo” al político uruguayo, cuya función como titular del principal foro interamericano es, precisamente, intervenir sobre los problemas hemisféricos.

Todo parece converger, una vez más, en la deliberada apuesta por la polarización y la guerra de un gobierno renuente a ceder el mínimo de poder que exige la democracia. Antes que administrar los conflictos que generará una oposición legislativa, el gobierno venezolano parece decidido a impedir el pluralismo en la nueva Asamblea Nacional, por medio de una superposición de choques con Colombia, que le permita negar derechos políticos a los opositores, bajo los cargos de “traidores a la patria” o “agentes de una potencia extranjera”.

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