Guerra al concreto

¿En verdad hay mucho qué discutir sobre el uso que habrá que darle al inmenso terreno que quedará libre cuando entre en operación el nuevo aeropuerto de la ciudad? En una metrópoli que carece de agua y de espacios abiertos, pareciera absurdo siquiera pensar en construir ahí universidades, centros comerciales o cualquier otra cosa que no sea un pulmón verde.

Pero, desde luego, no es el único lugar en donde la especulación inmobiliaria amenaza a nuestro maltrecho medio ambiente.  Ahora que la Sedena anunció su intención de enajenar una reserva territorial de 125 hectáreas por los rumbos de Santa Fe, ya muchos se frotan las manos pensado en los cientos de viviendas que ahí se pueden levantar.

Sobre este tema es importante aclarar que las reservas territoriales del Gobierno federal deben ser tratadas con inmenso cuidado y transparencia.  Sobre todo porque a la hacienda pública esas ventas nunca le representan un ingreso que conlleve a mejoras en infraestructura o en servicios públicos.  En cambio, casi siempre ponen de manifiesto corruptelas que benefician a entes privados o individuos.

Así pasó recientemente en Quintana Roo, durante la cleptocracia que encabezó Roberto Borge, quien enajenó medio estado a favor de parientes y amigos.  Lo único que no pudo hacer , por falta de tiempo, fue poner a la venta las ruinas mayas. Por eso, en una ciudad sobrepoblada y asfixiante como la nuestra, tanto el gobierno local como el federal deberían hacer un esfuerzo serio y continuado por frenar la mancha urbana y por ir ganar espacios verdes donde se pueda.

Se debería buscar que cualquier reserva de esa índole fuera convertida en un nuevo parque que permitiera la convivencia de las familias y las actividades deportivas. Ahora que estamos en campañas, es buen momento para que los candidatos se manifiesten al respecto y que expongan sus planes de política ambiental y desarrollo urbano.

Si bien los fuertes intereses de la industria inmobiliaria siempre se hacen presentes para financiar campañas ilegalmente, los candidatos deben entender que en una sociedad cada vez más vigilante del desempeño de sus gobernantes, los riesgos de terminar en prisión por actos de corrupción son cada vez más altos. Además, la conciencia ecológica es cada día más fuerte, por lo que planteamientos serios en ese tema normalmente se ven recompensados en las urnas.

Las tierras que posee el gobierno deben ser utilizadas para el beneficio de la sociedad, no para que se hagan negocios que en nada ayudan al bienestar social. Por si fuera poco, cualquiera que conozca la zona de Vasco de Quiroga, donde se ubica esa enorme propiedad, sabe de la altísima densidad poblacional que existe en esa área, de la marginación, de la delincuencia y de los problemas de tránsito y de abasto de agua.

Construir 7.5 millones de metros cuadrados puede ser un gran negocio para alguien al amparo del poder; pero es un salvajismo extremo en el poniente de la ciudad, absolutamente colapsado por la falta de planeación urbana.