Justicia o paz. Santos o Uribe

Medios colombianos como El Tiempo informan en los últimos días sobre la inquietante paradoja que se vive en la opinión pública de ese país suramericano.

Mientras que los representantes del Gobierno y de las FARC ultiman detalles del acuerdo de paz en La Habana y, lo que es más importante, jefes militares del ejército como el general Javier Flórez y el comandante guerrillero Carlos Antonio Lozada se reúnen en la selva para preparar la desmovilización del grupo armado, la clase política y la ciudadanía colombianas se dividen en torno al SÍ o el NO del plebiscito.

La idea de someter a referéndum el proceso de paz respondió al deseo de generar confianza, sobre todo en la numerosa comunidad de víctimas de las FARC, que teme que el paso de la guerrilla a la legalidad genere impunidad ante sus crímenes. Sin embargo, la inevitable politización del proceso desvirtúa las alternativas en juego y contribuye a la identificación del SÍ con el presidente Juan Manuel Santos y el NO con su principal rival, en la oposición, el expresidente Álvaro Uribe.

Es evidente que la iniciativa de paz ha respondido a un proyecto de Gobierno, no de Estado, que carece de apoyos sólidos en la oposición. Se trata de un inconveniente de la mayor relevancia para un proceso de esa naturaleza, ya que sólo en situaciones de consenso político —como en Sudáfrica o en España—, han sido exitosos los pactos de transición, bajo una u otra forma de enfrentar el dilema de la memoria, la justicia y la verdad, heredado de una dictadura o una guerra civil.

El modelo de justicia transicional que han aceptado el Gobierno y las FARC propone una manera de lidiar con las demandas de reparación de la mayoría de las víctimas colombianas y, a la vez, ofrece garantías al grupo guerrillero para una reinserción en la democracia colombiana. Pero la polarización pone en tela de juicio la imparcialidad de un acuerdo que, según acreditados expertos en la materia, ha sido concebido y negociado con un gran profesionalismo.

La responsabilidad de Uribe y Santos, del Gobierno y la oposición, en la peligrosa partidización del proceso de paz en Colombia, es inocultable. Si los uribistas explotan, desmedidamente, el duelo de las víctimas, los santistas, mientras tanto, capitalizan un acuerdo que no siempre exponen de manera convincente ante la opinión pública. Pero si de responsabilidad se trata, tampoco habría que ignorar la de los propios medios de comunicación e instituciones de la sociedad civil, que deberían contribuir a proyectar la paz como un reclamo de la voluntad popular.

A la par de la polaridad del campo político colombiano, una mayoría del país se muestra favorable a la paz. El inconveniente es que se trata de la misma mayoría que posee una opinión negativa de las FARC y desconfía de una solución al reclamo de justicia bajo el actual acuerdo. Si esa contradicción se traduce en un descenso del apoyo al SÍ, en consonancia con la presión del uribismo, el camino hacia la paz puede llenarse de nuevos obstáculos.

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