Justicia y gracia

Pablo Hiriart

Si lo que quieren los maestros de Oaxaca es la cabeza del ex gobernador Ulises Ruiz, el gobierno federal ya les mandó un recado, a través de un periódico, de que por ahí van las cosas y que ahora el balón está en el campo de Gabino Cué para ejecutar.

Pero curiosamente los maestros exigen, para ellos y para el EPR, impunidad.

Lo demandan de manera textual en su pliego petitorio. Y el gobierno les responde que sí, que está en vías de dárselas.

Piden “libertad absoluta para los presos Loxicha y demás presos políticos de conciencia y cancelación de órdenes de aprehensión hacia luchadores sociales”.

Los detenidos de los Loxicha están presos desde la época de Diódoro Carrasco, por actividades violentas en su organización, el EPR.

Ese grupo armado no ha reivindicado la militancia de los detenidos, pero desde luego que lo son, o lo eran cuando cometieron sus delitos.

Tales “luchadores sociales” fueron encarcelados y sentenciados por homicidio y secuestro.

El gobierno de Oaxaca les contesta, en ese punto, que se va a instalar “una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, en el DF, con la participación de la PGR y representantes de la sección 22”.

Demandan también “revisión y solución a las averiguaciones previas en contra del magisterio oaxaqueño, incluyendo las originadas en la represión del 15 de febrero de 2011, tanto del fuero común como del federal”.

Esos procesos fueron abiertos contra maestros que atacaron personas, vehículos, autobuses y comercios durante la visita del presidente Calderón a Oaxaca.

En ella no se incluye al profesor Sigfrido Robledo, que en compañía de otros mentores pateó en el piso al jefe de la policía estatal que iba desarmado a dialogar con los rijosos.

Y no se le incluye pues no hay orden de aprehensión contra él, quien por cierto tiene siete plazas de maestro, no acude a impartir clases a escuela alguna, y ya había sido amnistiado una vez pues cometió asesinato.

El gobierno de Oaxaca respondió a esa demanda que “valora la posibilidad (para que) se apliquen los medios alternativos de solución de conflictos”.

Plantean, en el siguiente punto del pliego petitorio, que “se exige el pago de la reparación de daños en general y en particular a vehículos en la represión policiaca y de estado el 15 de febrero de 2011”.

En esa fecha los maestros de la sección 22 quemaron vehículos oficiales y particulares, y a los responsables se les obliga a reponer el daño infligido.

Lo que piden, hablando claro, es que los pague el gobierno con dinero de los contribuyentes.

Y el gobierno estatal les contestó, a ese punto, que “se creará en lo inmediato una comisión tripartita Sección 22-Procuraduría de Justicia del Estado y el Instituto de Educación Pública de Oaxaca para establecer los lineamientos que permitan darle cauce a cada uno de los tratamientos”.

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