La burocracia contra la transparencia

La transparencia empieza a ser fastidiosa para la burocracia. Lo que fue una de las iniciativas más importantes del gobierno de Vicente Fox puede sufrir una regresión inmensa si en los estados del país empieza a imperar la idea de que hay que ponerles un coto a los institutos estatales de acceso a la información.

En Campeche se aprobaron modificaciones a la ley que pueden dar al traste con el acceso a la información.

En ese estado las resoluciones sobre la Ley de Transparencia pueden ser apeladas, por la autoridad, en el Tribunal de Justicia.

La legislación actual, a nivel federal, faculta a cualquier ciudadano para impugnar, por la vía jurisdiccional, las determinaciones del IFAI y de los sujetos obligados, pero se lo impide a las propias dependencias.

El IFAI es la última instancia de decisión, porque así se garantiza un ánimo de publicidad máxima. En teoría el Instituto es una especie de tribunal en los temas de su materia.

¿Qué está ocurriendo? Para algunos burócratas la transparencia es un fastidio, les quita tiempo y los somete a presiones bastante grandes. Los coloca, además, en situaciones de vulnerabilidad porque su trabajo puede ser observado y calificado en cualquier momento. La información permite, entre otras cosas, la reconstrucción de la forma en que se gobierna.

En la Procuraduría General de la República llegaron a impugnar, ante tribunales, a una decena de resoluciones del IFAI, la mayoría relacionadas con el acceso a las averiguaciones previas. Los Ministerios Públicos no quieren que se observe y califique su trabajo. Las razones pueden ser múltiples, pero no dejan de ser sospechosas.

Los diputados aprobaron, hace algunos meses, una reforma al Código Penal Federal que prohíbe dar a conocer una averiguación previa. Como esto contraviene al artículo 6 de la Constitución, donde se señala que toda la información que generen y posean los tres niveles de gobierno es pública, el caso se está estudiando en la Suprema Corte, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad. Para el ombudsman el absurdo llega al grado de que con esa modificación se les puede impedir el acceso a los documentos de una investigación, lo que complicaría mucho, si no es que impediría, su trabajo.

El asunto de la reforma en Campeche es todavía más grave, porque sujetará a la transparencia a los complicados tiempos de tribunales y juzgados.

La presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, confía en que la Suprema Corte de Justicia corrija “la situación anómala” que impera en aquel estado del país.

La transparencia, si por algunos fuera, no llegó para quedarse.

juljard@yahoo.com.mx

agp