“La calentadita”

La crisis en materia de derechos humanos no sólo pasa por la acción de las autoridades, sino también por una forma de ser y concebir la justicia. No se toma en cuenta cómo se deben enfrentar en el marco del derecho los procesos, de lo que se trata es de llegar a algo que suponen es “verdad” a través de declaraciones sin importar cómo se obtienen.

La tergiversación de las cosas es de tal gravedad que confunde y se termina por impartir justicia mediante procesos en los cuales lo que menos importa son las leyes. La tortura ahoga e impide la justicia y paradójicamente es a través de ella que se habla de conocer la “verdad”.

Si todo se concentra en conseguir resultados sin importar cómo se alcanzan, la justicia pasa a segundo plano. El multicitado caso de Florence Cassez es una prueba de ello. La lamentable acción de las autoridades al llevar a cabo una puesta en escena cuando la detuvieron y en general el intento de hacerla ver culpable sin importar los métodos ni los procesos legales, llevaron a la liberación de Cassez. Al final no quedó claro si era parte de la banda de secuestradores en medio de un gran lío diplomático entre México y Francia.

Podríamos estar en rumbo de un problema similar, pero de mayores consecuencias. Si las declaraciones de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron obtenidas por medio de torturas, como se ha filtrado, la investigación será severamente cuestionada más allá de lo que ya es.

Se argumenta que si no es mediante una “calentadita” no hay manera de saber lo que pasó. La idea ha prevalecido en la mente y en la práctica de las autoridades a lo largo de muchos años. Las cosas llegan a tal extremo que en ocasiones familiares de personas secuestradas o desaparecidas pueden llegar a “solicitar” a las autoridades que actúen al límite, o sea tortura, para así recuperar a sus familiares o amigos.

La “solicitud” forma parte de un grito desesperado, pero es al mismo tiempo el reconocimiento de que la autoridades se valen regularmente de la tortura para conseguir lo que quieren o para inventar algún delito. Es una práctica que igual pasa por los terrenos de lo psicológico que lo físico, como vimos hace unos días en un video que por razones previsibles se hizo viral.

El hecho ha puesto de nuevo el respeto a los derechos humanos como la gran asignatura pendiente del país. Las disculpas del titular de la Defensa y del titular de la CNS son atendibles y creíbles. Por las formas en que se establecen ciertos asuntos en la sociedad sus declaraciones son excepcionales e inéditas. No es común que desde el Ejército y la Policía Federal se reaccione de esta manera.

Se dio un paso adelante ante hechos contundentes, quizá tratando de frenar una opinión pública crítica y adversa que se veía venir; incluso Hillary Clinton desde su precampaña hizo un acuse de recibo.

Pareciera que motivos para violentar los derechos humanos sobran. El video hizo público algo que pensamos en privado. Estamos ante una práctica que no pareciera excepcional, como ponderan las autoridades.

Mientras el respeto a los derechos humanos no cruce la vida, la convicción y la conciencia de las autoridades, y también la de los ciudadanos, el tema seguirá siendo una de nuestras grandes y riesgosas asignaturas pendientes.

 RESQUICIOS. Así nos dijeron ayer:

* En la investigación de la CNDH sí hay algo nuevo. A través de un “testigo limpio” encontramos que también participaron policías federales y de Huitzuco de Figueroa. La relación entre el GIEI y la CNDH es amistosa y cordial. La comisión mostró otra ruta de desaparición el 23 de julio. El jueves demostramos que esa ruta pasa por el puente El Chipote y probablemente por Huitzuco. Ante temas como incineración, basurero de Cocula y los dictámenes sobre la desaparición hemos dicho y lo repetimos: “que hable la ciencia”.

José Larrieta Carrasco, titular de la oficina especial para el caso Iguala. CNDH.

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