La CNDH y los desaparecidos

Mauricio I. Ibarra

Las desapariciones forzosas entran al ámbito de los derechos humanos en la década de 1970, como consecuencia de la práctica de las dictaduras militares latinoamericanas que desaparecieron, directa o indirectamente, a miles de integrantes de grupos opositores. Si bien en el México de esos años hubo casos de desaparición forzada, la magnitud es mucho menor a la de los desaparecidos en Chile, Argentina y Uruguay, por mencionar los casos más conocidos.

Sin embargo, en los últimos años, por causas no relacionadas directamente con la naturaleza del régimen político, hemos visto en nuestro país un resurgimiento brutal en el número de desapariciones forzadas. Así, a diferencia de lo ocurrido en el último cuarto del siglo XX, las desapariciones recientes están íntimamente ligadas a la lucha que desde el gobierno se ha emprendido contra los grupos de narcotraficantes. Para dimensionar correctamente el problema hay que subrayar que estamos en presencia de una desaparición forzada siempre y cuando en dicha desaparición se encuentren involucradas autoridades gubernamentales. Si una persona no aparece, pero su desaparición no está relacionada con servidores públicos de cualquier ámbito gubernamental (municipal, estatal o federal), tenemos una ausencia, no una desaparición forzada. Esta distinción ayuda a entender la brecha que existe en las cifras de desaparecidos que utilizan algunas agencias gubernamentales y varias organizaciones de la sociedad civil. Una de las más graves omisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los años recientes tiene que ver precisamente con su inexplicable indiferencia hacia las desapariciones forzosas.

En mayo pasado, durante la única reunión de evaluación a su gestión con el Senado, el Presidente de la CNDH señaló que, según los registros de esa institución, de 2005 a esa fecha había 24 mil 800 desaparecidos, precisando que en 2 mil 610 existían indicios de participación de servidores públicos. Esto significa una diferencia de poco más de 22 mil personas entre ausentes y víctimas de desaparición forzada. A pesar de la gravedad de esas cifras, en sus cinco años de gestión, el anterior presidente de la CNDH emitió únicamente diez recomendaciones: una en 2009 (78); tres en 2011 (34, 40 y 43); cuatro en 2012 (34, 38, 39 y 55) y dos en 2014 (21 y 42). No hubo una sola recomendación relativa a casos de desapariciones forzadas en 2010, tampoco en 2013. Las 10 recomendaciones emitidas se refieren a casos de desaparición forzada que tuvieron lugar en los estados de: Chihuahua (uno), Guerrero (uno), Jalisco (uno), Morelos (uno), Michoacán (uno), Nuevo León (dos), Tamaulipas (dos) y Zacatecas (uno). En total, la decena de recomendaciones da cuenta únicamente de la desaparición de 27 personas.

Utilizando las cifras de la propia CNDH, el saldo de cinco años de la gestión recién concluida dejó sin resolver los casos de 2,583 presuntas víctimas de desaparición forzada.