La monarquía española, a debate

Horacio Vives Segl

El anuncio del lunes causó de inmediato sorpresa a nivel mundial. El presidente del gobierno español comunicaba la decisión del rey Juan Carlos de Borbón de abdicar al trono de España.

Poco después, en un breve mensaje, el todavía monarca daba a conocer sus razones. Si bien no es la primera vez que ocurre una abdicación en el trono español —en 1870 Isabel II abdicó a favor de Alfonso XII—, no se había visto algo igual en más de 140 años en una de las casas dinásticas más emblemáticas de Occidente. Van algunas implicaciones de una histórica decisión de un personaje que durante 39 años fue testigo y protagonista de los cambios más importantes de la España contemporánea.

 Reglamentación a todo vapor. Considerando que no se preveía un pronto relevo en la monarquía, pues el estado de salud del rey había mejorado, el anuncio tomó al gobierno y a las instituciones políticas españolas con los dedos en la puerta. De aquí que en estos días estemos presenciando reuniones extraordinarias y urgentes del Consejo de Ministros y de las Cortes para dar cauce a la propia abdicación y al periodo entre el anuncio de ésta y la proclamación del futuro rey Felipe VI, programada para el 18 de junio. Se trata de una situación inédita, dado que las leyes por las que fue proclamado Juan Carlos ya no están vigentes, y las disposiciones legales y reglamentarias de una eventual sucesión bajo la Constitución de 1978 no habían sido

emitidas.

 Monarquía del pasado que apuesta al futuro. Si bien la polémica no inició el lunes, con el anuncio del rey, las manifestaciones en contra de la monarquía y a favor de la república no se hicieron esperar. En los últimos años la imagen de la familia real española ha sido duramente juzgada (desde los escándalos de corrupción y tráfico de influencias de uno de los yernos del rey, que han alcanzado a la infanta Cristina, hija del monarca, hasta las actividades de caza del propio Juan Carlos), por lo que la llegada anticipada del todavía príncipe de Asturias al trono español, como relevo generacional y con un carisma superior al del padre, parece una buena estrategia promonárquica. Con todo, no deja de ser curioso que un país que está discutiendo —al menos en el terreno de la opinión pública— cuál sería el mejor tipo de régimen político (continuar con la monarquía o transformarse en una república), mantenga vigente la ley sálica, que en el estado actual de las cosas, afectaría la sucesión de la primogénita del futuro rey. Más complicado aún: si los nuevos reyes fueran más adelante padres de un varón, ninguna de las dos hijas mayores de Felipe VI podría sucederlo en el trono, por el hecho de ser mujeres. De cara al futuro del país, en pleno siglo XXI, España mantiene esa regla del Medioevo para la sucesión de su jefe de Estado.

 El casi imposible cambio republicano. Cambiar de monarquía a república implicaría, en primera instancia, un gran pacto político de Estado para modificar sustancialmente el arreglo constitucional vigente, y después un procedimiento largo y complicado, pues según la Constitución de 1978, para una modificación de esta clase es necesario, primero, la aprobación por dos tercios de ambas cámaras de las cortes (Congreso y Senado); segundo, la disolución de las cortes y la convocatoria a elecciones; tercero, la ratificación de la reforma por las nuevas cortes, nuevamente por dos tercios; y por último, un referéndum popular. No es previsible, pues, en el corto o en el mediano plazo, que las instituciones españolas den pasos en esa dirección. Así que una cosa a la vez: en lo inmediato, resolver lo legal y protocolario para la coronación de Felipe VI de España; después, un debate que tardaría un buen tiempo y muchos factores para llegar a una reforma constitucional y a un cambio de régimen en España, país que enfrenta muchas otras cuestiones más graves y más urgentes por resolver. Parece que habrá reino para rato.

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