Ley para víctimas?

Elisa Alanís.

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua es víctima “la persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra”.

La Ley General de Víctimas publicada el día de ayer y que cobrará vigencia dentro de 30 días, es un asunto que nos afecta a todos.

Somos víctimas de la inseguridad directa o indirectamente, pero también de la mala legislación que no resuelve los problemas.

Lo somos, porque no sabemos a ciencia cierta cuántos mexicanos han sufrido algún tipo de violencia y criminalidad, ni sabemos los motivos, ni quiénes son los verdugos. Exposición y vulnerabilidad.

Los cuestionamientos a la Ley van desde tecnicismos jurídicos hasta problemas detectados en su diseño. Algunos de los primeros fueron planteados por el anterior Ejecutivo Federal a través de una controversia constitucional. En ésta se estableció que el Congreso de la Unión carece de facultades para emitir una Ley General que distribuye competencias, pues el artículo 73 constitucional no le otorga semejante facultad.

El nuevo gobierno decidió retirar la controversia judicial y publicar la Ley como una señal de su compromiso por realizar acciones en el tema de la inseguridad. Así cumple con una de las leyes que la reforma constitucional de derechos humanos obliga a desarrollar. De esa importante reforma aún quedan pendientes la ley reglamentaria en materia de asilo y refugio, la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional sobre suspensión de derechos y la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional en materia de expulsión de extranjeros.

Líderes sociales y de opinión han expresado otro tipo de objeciones. Han dicho que la Ley crea un laberinto jurídico e institucional que lejos está de facilitar protección a quienes sufren un delito. No toman en cuenta las instituciones ya existentes y crean nuevos órganos que duplican funciones.

Falta detallar los procedimientos a seguir.

De acuerdo con estas voces, de nada sirve regular la materia si no se ofrecen mecanismos eficaces y accesibles de protección.

Aún no queda claro cómo operará el Sistema Nacional de Víctimas contemplado en la ley a través de sus diferentes órganos, tales como la Mesa de Diálogo Permanente, el Registro Nacional de Víctimas, o de dónde saldrán los recursos del Fondo de Ayuda y Reparación Integral.

La nueva Ley General también desconoce la existencia de leyes de víctimas en Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.

El presidente Peña dijo que ésta, como todas las leyes, es perfectible y que se abocará a trabajar con los partidos políticos.

Es cierto que las leyes nunca son perfectas, pero ¿conviene, por razones de urgencia, contar con leyes que tienen problemas en lugar de buscar mayor negociación, discusión y desarrollo previo?

¿O bien, contar con leyes defectuosas es una nueva forma de victimizar a la sociedad?

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