Los enemigos públicos

Dentro de los muchos usos que se hace de la justicia, es un enigma saber cómo se aplica en casos en los que están involucrados actores políticos, particularmente cuando se trata de funcionarios, gobernadores y exgobernadores.

El caso Elba Esther Gordillo volvió a desnudar a las autoridades. Lo que se suponía era todo un asunto armado a detalle y preciso, terminó siendo un petardo. La querían meter a la cárcel a como diera lugar, sin importarles el cómo; al paso de no muchos años se les vinieron las consecuencias.

Hace algunos años nos hicieron ver que la profesora era algo así como un “enemigo público”. Hoy, Elba Esther ha pasado con todo a la ofensiva, ha pedido que le devuelvan su pasaporte, sus propiedades, su dinero y, además, ha exigido que le borren su antecedentes penales, ya que se demostró que es inocente de todo lo que la acusaban.

Para confirmar todo esto y ya envalentonada, con cierta razón, ha convocado a una conferencia de prensa el lunes, a sabiendas de que al ser el inicio de semana puede estar en los medios y redes bajo la atención que producen los días hábiles. Sabe que va a estar en el foco de muchos y de la llamada “comentocracia”.

El caso está cerrado y más allá de las especulaciones que hagamos sobre la posibilidad de que sea de nuevo detenida, cuestión que se ve lejana, y de su presunta relación con López Obrador, a través de terceros, la ley la ha exonerado.

Otro caso que va que vuela rumbo al mismo desenlace es el del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. A lo largo de varios años fue considerado en su estado como otro de los “enemigos públicos”. El candidato independiente, y luego gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aseguró y vendió la idea de que lo iba a meter a la cárcel.

Es probable que una buena cantidad de los votos que obtuvo se hayan debido a esta promesa de campaña. Medina era para muchos neoleoneses, simple y sencillamente impresentable. Había entrado en los terrenos en los que se decía que era culpable de todo, sin saberse a ciencia cierta si lo era o no.

A lo largo de estos años se la pasaron en un sistemático jaloneo. Lo cierto es que Medina nunca pisó la cárcel, de no ser para declarar, y está a nada de que quede en libertad, siendo que tenía una gran cantidad de acusaciones en su contra. No se puede meter a la cárcel a nadie con base en dichos, suposiciones o por su impopularidad; para eso, uno quisiera pensar que está el Estado de derecho.

Como estos dos casos, hemos visto muchos más. Son la ratificación del uso de los aparatos de justicia de manera sistemática o coyuntural y discrecional, lo que no convierte en “blancas palomitas” a los personajes referidos.

¿Qué va a hacer el nuevo gobierno cuando tenga que enfrentar casos como éstos, siendo que los aparatos de justicia están llenos de vericuetos y corrupción?

Tiene razón el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, cuando asegura que por más que se trate de disminuir la delincuencia, en todos los órdenes, no habrá forma de hacerlo mientras no se transformen los aparatos de justicia.

La tarea que viene es mayúscula. Elba Esther y Rodrigo Medina han contado con lo que no cuenta la mayoría de los acusados en el país: abogados sin duda muy competentes y, seguramente, muy caros.

Dos personajes a los que se nos hizo ver como responsables de una infinidad de delitos, fueron paso a paso saliendo de la cárcel o evitándola.

Por más que sea un una afirmación muy socorrida, está visto que no es lo mismo enfrentar a la justicia siendo un ciudadano común, que siendo Elba Esther, Rodrigo Medina o muchos otros que andan por ahí.

RESQUICIOS.

En Pennsylvania se halló “evidencia creíble” del abuso sexual, encubierto por la Iglesia católica, de varios sacerdotes a más de mil víctimas menores, lo que ha provocado la acción de las autoridades.

La pregunta, de nuevo en nuestro país, es cómo fue que Marcial Maciel ni siquiera fue llamado a declarar.