Magistrados protegen al Verde

Ubaldo Díaz

 En el Tribunal Federal Electoral nos comentan con insistencia que si no fuera por los magistrados Esteban Penagos y Flavio Galván, el Partido Verde hubiera sido sancionado no sólo con más de 600 millones de pesos, sino con medidas más drásticas, inclusive, con la suspensión de sus actividades partidistas, porque abiertamente viola la Constitución y reta a las autoridades. Los verdes han hecho todo un negocio con su actuación política, se atreven a subir spots que serán rechazados porque han hecho cuentas de que, al final de la elección, el pago de las sanciones serán cubiertas con los recursos que les entregue el INE. Si ellos crecen hasta 8 por ciento en la votación, en tres años recibirán más de 2 mil 500 millones de pesos. Entonces, para qué asustarse con las advertencias y las presiones de otros partidos para que les retiren la licencia, si cuentan con la protección de dos magistrados.

 Por cierto, que en el Tribunal Electoral hay una investigación que lleva a cabo la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara Diputados, por el tráfico de influencias que se ha dado, misma que permitió el ex presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos. Concretamente, las miradas voltean hacia Belisario Luna, hijo de este ex magistrado, actualmente candidato a diputado local por el distrito 26 en Coyoacán; quien colocó a sus amigos en posiciones clave para dar contratos en el ramo de sistemas. Hay molestia porque el tricolor postula al hijo del árbitro electoral, ya que entre los magistrados se sabe de los negocitos que se hicieron ahí. La experiencia del joven político apenas se remonta a un año, cuando fue integrado a la dirigencia del PRI en el Distrito Federal. Y aunque ya no exista el fuero la investigación continuará, según denuncia un magistrado electoral.

 El candidato del Movimiento Ciudadano al municipio de Guadalajara, Enrique Alfaro, no se ayuda en su propósito electoral: hace días presentó su proyecto Ciudad Consciente como eje de desarrollo urbano; sin embargo, un diario local informa que un inmueble suyo, conocido como La Casa Naranja, viola el reglamento en la materia. El predio ubicado en Zapopan, con registro de catastro 4H2-161-0022-0000, creció indebidamente de la noche a la mañana y sin contar con licencias, según consta en información fotográfica aérea y documental. Las fotos evidencian la construcción de adecuaciones sin autorización del municipio. Incluso, la barda perimetral original fue derribada. A este candidato también le pesa contar con un jefe de escoltas ligado al narcomenudeo y que, al igual que otros tres de sus guaruras cobran en el municipio de Tlajomulco, donde Alfaro fuera edil.

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