Nicaragua o cuando un gobierno “popular” se vuelve el peor represor

Hace apenas unos días, el 19 de julio, se cumplieron 39 años del triunfo de la revolución nicaragüense. Aquel movimiento de izquierda populista libertaria, denominado Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que desplazó del poder —por las armas— a la dictadura de Anastasio Somoza y su dinastía, fue a su vez desalojado en 1997 —en una especie de paréntesis democrático que duraría una década—. El FSLN ciertamente volvió al poder por la vía de las urnas, pero en los últimos once años se ha ido convirtiendo en un régimen tan autoritario y atroz como aquél que derrocó hace casi cuatro décadas.

Punta de iceberg. Desde que Daniel Ortega asumió por segunda ocasión el poder, en 2007, se fue incubando en Nicaragua una resistencia pacífica, generalizada y creciente. Esa resistencia llegó a un punto de agotamiento cuando, en marzo de este año, Ortega promovió una impopular reforma al sistema de seguridad social. De alguna manera, fue ése el detonante que animó a diversos sectores sociales a levantarse en distintas regiones del país para protestar por el creciente autoritarismo, la ineficacia y la corrupción del gobierno sandinista. Rebasaría por mucho la extensión de este espacio hacer un análisis exhaustivo de los hechos que avalan la afirmación anterior. De manera apretada, se enlistan algunos recientes: la crisis legislativa de julio de 2016 por la que el Consejo Supremo Electoral instruyó la separación de 28 diputados opositores, dejando al sandinismo el control absoluto del parlamento; la opacidad y corrupción que llevó a la cancelación del proyecto del canal transpacífico de Nicaragua; o las últimas “elecciones” presidenciales de noviembre de 2016 —si es que se puede llamar así a ese amañado proceso plebiscitario, carente de condiciones de cancha pareja para la oposición—, que condujeron (obviamente) a la reelección de Ortega, llevando en la vicepresidencia a su esposa, la igualmente impresentable Rosario Murillo.

Represión y guerra civil. En estos tres meses de resistencia civil han muerto más de 300 personas, hay miles de heridos y el fin de la crisis no se avizora. Por el contrario, Ortega ha recrudecido sus acciones represoras y cada vez cruza líneas más delicadas. Hace diez días, dos centenares de estudiantes que se encontraban refugiados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) fueron desalojados a balazos. El saldo: dos asesinados, cuatro desaparecidos y diversos heridos, varios de ellos de gravedad. La jerarquía de la Iglesia Católica, que en su momento intentó fungir como mediador en el conflicto, ahora es señalada y atacada igualmente por el régimen. Templos y clérigos han sido agredidos por refugiar a estudiantes y manifestantes en general, con saldo igualmente de fallecidos y heridos. En ese clima de ingobernabilidad, represión y Estado de naturaleza, organizaciones paramilitares y crimen organizado han contribuido al clima de guerra civil que vive el país.

Solidaridad destructiva. Como si no pasara nada, Ortega realizó celebraciones por el aniversario de la revolución sandinista, en las que participaron, entusiastas, sus similares de Venezuela y Cuba. Así los gobiernos que se creen los únicos dueños e intérpretes de la siempre clara y unívoca voluntad del monolítico “pueblo bueno”.