Oceanografía y las dudas de la reforma energética

Salvador Camarena

En muy pocos días, el caso de Oceanografía parece haber dado la razón a quienes han advertido que México no está preparado para enfrentar todo lo que implica, en términos de vigilancia y aplicación de leyes, la apertura energética.

Estas son algunas de las deficiencias de agentes reguladores mexicanos que Oceanografía ha evidenciado.

Un par de horas después de que el viernes pasado surgió en Nueva York la noticia de que Citigroup había encontrado un enorme boquete en Banamex, por lo que ajustaría sus libros a la baja, cuando la Procuraduría General de la República anuncia la intervención-aseguramiento de la empresa. Parece una reacción más que oportuna, pero menos de siete días después se publica que el principal activo de la compañía, el enorme barco OSA Goliath, de un valor calculado en 245 millones de dólares, no está bajo resguardo de México, y que en una historia casi como de caricatura, el barco ha huido. ¿Qué clase de intervención a una empresa no asegura de inmediato el principal activo de la misma?

Segundo ejemplo. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene desde 2010 varios procedimientos en contra de esa compañía, lo cual no le impidió a la misma seguir prestando muchos servicios a Petróleos Mexicanos (a Oceanografía se le conoce, entre otras cosas,  como “el taller mecánico de Pemex”, cualquier cosa que se descomponga a la petrolera mexicana, ahí estaba Oceanografía para refaccionarla). Pero no fue sino hasta ayer cuando el IMSS presentó una demanda de fraude contra la empresa por lo que considera un desfalco por cuotas no reportadas por “muchos millones de pesos”. ¿Por qué se esperó el IMSS hasta ahora? Misterio.

Tercer ejemplo. Aunque está a punto de ser considerada completamente inútil por las escasas consecuencias de lo que anualmente reporta, hay que reconocer que la Auditoría Superior de la Federación había denunciado desde hace al menos ocho años irregularidades de contratos de Oceanografía con Pemex, según publicó ayer El Universal. A eso hay que agregar lo que dijeron este jueves calificadoras como Fitch y Standard and Poor’s sobre otras irregularidades por ellos detectadas y publicadas desde hace cuatro años. ¿Y qué pasó? Nada, la empresa siguió operando.

Porque en lo de Oceanografía no estamos ante una defraudación entre particulares, como dijo ayer el secretario Luis Videgaray. La intervención que ha hecho el gobierno de un ente privado —Oceanografía— se da precisamente porque de otra manera parte de la operación de Petróleos Mexicanos se habría visto seriamente comprometida. Y porque además uno de los delitos que se está persiguiendo es el de lavado de dinero, en donde el gobierno tiene mucho qué ver en cuanto a supervisión.

Oceanografía supone una prueba de fuego para el gobierno de Enrique Peña Nieto y para la reforma energética misma. Aquí se verá si el Estado mexicano está listo para hacer cumplir la ley en un sector donde ya sabíamos que se jugaba muy rudo. Más vale que se corrija muy pronto esta impresión inicial que emana del caso Oceanografía, esta idea de que a pesar de múltiples alarmas las instituciones no actuaron tan oportunamente como era debido.

salvador.camarena@razon.mx

Twitter: @salcamarena