Prueba del ácido a relación con Chávez

La solicitud de asilo político de América del Valle en la embajada de Venezuela en México pone en vilo el delicado tejido de reconstrucción de las relaciones bilaterales que realizó en los últimos dos años el presidente Felipe Calderón con Hugo Chávez.

Ninguno de los dos gobiernos saldrá bien parado: el mexicano porque, si cede, incumpliría una orden de aprehensión girada por su propio sistema legal; el venezolano porque, si no otorga el asilo, quedaría mal con la izquierda local, una de sus principales aliadas en el continente.

Eso lo saben quienes señalaron específicamente esa embajada a la integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y prófuga de la justicia.

¿Quiénes se la indicaron? Los perredistas, sin género de dudas, que tuvieron (y tienen todavía) una aguerrida base social en el movimiento atenquista, por ahora desangelado, pero del cual pueden echar mano en cualquier momento.

Los mismos perredistas que, sin embargo, van en coalición con el partido en el gobierno a la mitad de las 12 elecciones estatales del 4 de julio: aun aliados, no dejan de crearle dificultades al gobierno.

Es una jugada a dos bandas: una, para poner en jaque las incipientes buenas relaciones del gobierno calderonista con el chavista; y, otra, para presionar a los ministros de la Corte, que deciden esta semana si otorgan amparo a los inculpados en el caso Atenco.

Al fin que ya se sabe que las apreturas pueden funcionar también en el máximo órgano de justicia de la nación. ¿No rechazó el pleno, casi ipso facto, el dictamen del ministro Arturo Zaldívar que culpaba del incendio de la guardería ABC a dos altísimos funcionarios del gobierno?

Entonces, ahora también pueden darle para atrás a las acusaciones de secuestro equiparado que pesan contra 12 integrantes del FPDT, quienes se encuentran presos desde el 3 de mayo de 2006, incluido Ignacio del Valle, padre de América.

Al fin que los ministros cuentan con cierto margen para decidir en ese sentido, pues la defensa de los implicados documentó una serie de supuestas irregularidades cometidas por la autoridad durante el proceso.

En el caso de Ignacio del Valle: detención sin orden de aprehensión, brutalidad, amenazas de muerte y tortura, ni presencia de abogado defensor en su declaración preparatoria, lo que viola garantías constitucionales fundamentales.

De cualquier modo, fue sentenciado por tres acusaciones de secuestro equiparado, las primeras dos suman 67 años y seis meses de prisión y por la tercera 45 años más, sumando 112 años, lo que equivale a cadena perpetua.

O sea, carnita tienen los ministros para justificar los amparos. Y, si no, el gobierno enfrentará un berenjenal por largo rato en la embajada de Schiller 326.

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