Radiocomunicación privada

La radiocomunicación privada es una actividad que se instrumenta mediante el uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para satisfacer necesidades de comunicación internas o privadas, a través de una red de telecomunicaciones.

Este tipo de comunicación se situó, durante más de dos décadas, en un limbo regulatorio, debido a que la Ley Federal de Telecomunicaciones, que entró en vigor en 1995, estableció como regla general que la asignación del espectro radioeléctrico para usos determinados debería ser mediante un proceso de licitación pública, a cambio del pago de una contraprestación a favor del Estado mexicano.

Antes de la existencia de este marco jurídico, la radiocomunicación privada floreció mediante la asignación directa de frecuencias permisionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  El uso de este recurso, se concentró en diversas actividades económicas, como las empresas de transporte, fabricantes industriales, distribuidoras de mercancías, prestadoras de diversos servicios, compañías de taxis, bancos, ambulancias, bomberos y corporaciones de seguridad pública y privada, por mencionar algunas.

De la misma manera, mediante asignaciones oficiales, diversas dependencias de la administración pública, así como las paraestatales, señaladamente la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, establecieron robustos sistemas de radiocomunicación privada para sus operaciones.

La situación jurídica de los sistemas particulares de radiocomunicación privada, sin embargo, siempre fue incierta.  Los permisos que amparaban esta actividad, y que tal vez lo sigan haciendo en muchos casos, por su naturaleza, podían ser terminados en cualquier momento por la autoridad que los otorgó.  Lo cierto es que durante la apertura del sector de las telecomunicaciones a la competencia, iniciada en 1997 con el mercado de larga distancia y seguida a partir de 1998 con la telefonía local, tanto fija como móvil, la radiocomunicación privada no fue una prioridad.  De hecho, fue vista como una actividad que de alguna manera estaba en contra de la política pública de administración del espectro vigente en ese momento, misma que privilegiaba la asignación de frecuencias para la explotación comercial a cargo de concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.

La supervivencia de la radiocomunicación privada, cuyos promotores sostienen se debe a una necesidad real de comunicación que no alcanzan a satisfacer las redes concesionadas, trascendió la vigencia de la legislación vigente desde 1995 hasta el 2014 y revivió, de forma expresa, en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  Si bien no se eliminó por completo el requisito de que estas frecuencias sean asignadas mediante procesos de licitación, lo cierto es que se garantizó su subsistencia.

La semana pasada, el órgano regulador de las telecomunicaciones anunció, previo

desahogo de la licitación respectiva, la entrega de concesiones que permitirán a sus titulares la comercialización de la capacidad de frecuencias para establecer sistemas de radiocomunicación privada. A su vez, las personas que establezcan dichos sistemas, estarán impedidas para comercializar servicios, debiendo utilizarlos para satisfacer necesidades propias. De acuerdo con la información oficial, se asignaron 21 bloques de espectro, 3 a nivel nacional y el resto a nivel regional, todos en la banda ubicada en los 440 a 450 Megahertz.

La licitación y entrega de concesiones a que se ha hecho referencia, marca una nueva etapa en el ámbito de la radiocomunicación privada. Será importante, en este sentido, observar sus efectos con otros sistemas similares, así como su convivencia con los servicios públicos de telecomunicaciones, concesionados en nuestro país.