Reformas vienen, van y no llegan

Elisa Alanís.

Justo unos meses antes del cambio de estafeta del Ejecutivo Federal, el panorama de nuestros arreglos institucionales es un caos.

Se discuten innumerables reformas, iniciativas y proyectos pero no sabemos si llegarán o el destino e impacto que tendrán.

Contamos con cuatro grandes e importantes reformas constitucionales que fueron aprobadas durante la presente administración, pero ninguna de ellas ha sido debidamente materializada con la legislación secundaria.

La reforma de seguridad y justicia de junio de 2008, no cuenta aún con un Código Federal de Procedimientos Penales que permita transitar al nuevo sistema adversarial y acusatorio, que cambiará la manera en que se ha mal administrado justicia en México.

En junio de 2011 se aprobaron las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de juicio de amparo. También siguen en espera de su normatividad.

En abril de 2012 se aprobó la reforma política, en la cual las grandes ideas de ampliar los mecanismos de participación ciudadana acabaron siendo severamente matizados. No se alteró el control de la vida política, que se encuentra en manos de los partidos nacionales.

Pero la lista no concluye con estas reformas a la Constitución que cambian la manera de entender y usar a las instituciones y normas. Muchas otras iniciativas se congestionan en nuestro cuerpo representativo.

El presidente Calderón antes de dejar el poder dejó tarea. Con la reforma laboral, quiso estrenar la recién aprobada iniciativa preferente y cumplir de alguna manera con aquello de ser el “presidente del empleo”. También envió una iniciativa de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que incide en el establecimiento de un régimen transparente en el uso de los recursos públicos de los gobiernos estatales.

Por su parte, el Presidente electo presentó, a través de los miembros de su partido, una iniciativa de reforma al derecho de acceso a la información que dota de autonomía y fuerza al IFAI, y anunció proyectos para la creación de un organismo ciudadano para combatir la corrupción y otro para controlar y transparentar el gasto público en materia de publicidad.

Nadie puede discutir la importancia de todos estos temas para la vida del país, siempre y cuando el resultado final sean normas que se cumplan, regulen, controlen y no simulen hacerlo.

Pues queremos una reforma laboral que cambie la estructura corporativista y sindicalista, pero no queremos tocar el artículo 123 de la Constitución.

Queremos una reforma electoral que corrija la concentración de los medios electrónicos del país, pero no nos atrevemos a hacer una reforma de radio, televisión y telecomunicaciones.

Queremos una modificación sustantiva a la transparencia de la información, pero no queremos meter ahí a los partidos políticos ni a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo que a la razón asiste, los intereses y privilegios quitan.

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