Saldos de la Celac en La Habana

Rafael Rojas

La reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en La Habana no produjo sorpresas en la diplomacia latinoamericana. La mayoría de los gobiernos de la región confirmó una política exterior que apuesta por la colaboración en materias de seguridad, medio ambiente y combate a la pobreza, la desigualdad y el analfabetismo. La mayor novedad de la cumbre tuvo que ver, sin duda, con el país anfitrión, símbolo de ayer y excepción de hoy: única nación del continente, que no está regida por leyes e instituciones propias de cualquier forma democrática de gobierno.

La política exterior cubana, encabezada durante medio siglo por Fidel Castro, pasó, tras la desintegración del campo socialista, a una fase fuertemente aislacionista que, sólo a fines de los 90 y principios de la pasada década, comenzó a revertirse con la alianza con Venezuela y los países del ALBA. En los últimos años, esa estrategia, que subordinaba la política económica y social a las prioridades ideológicas de la promoción del “socialismo” en América Latina y a la confrontación de la hegemonía hemisférica de Estados Unidos, está siendo descontinuada, gradualmente, por el gobierno de Raúl Castro.

La cumbre de la Celac en La Habana fue una evidencia más de esa nueva orientación de las relaciones internacionales de Cuba. El foro fue aprovechado para inaugurar el megaproyecto del puerto de Mariel, financiado por Brasil, que aspira a ser un socio comercial de primer orden de la isla, y para mostrar al mundo y, en especial, a la ciudadanía de la isla —sometida por una década a la presión mediática del proyecto “bolivariano”— que la nueva Cuba está interesada en levantar el perfil de sus relaciones con México y en promover la integración de la isla a toda América Latina y el Caribe y no sólo a su parte ideológicamente más afín.

En varios momentos de su discurso, Raúl Castro se refirió a la importancia de respetar las diferencias ideológicas y políticas entre los miembros de la Celac.

Un argumento básico del nuevo latinoamericanismo democrático que, sin embargo, no iba dirigido a la población de la isla, sino a los mandatarios de la región. La discordancia entre una política exterior, que aspira a ser democrática, y otra interior, que recurre sistemáticamente a la represión de opositores pacíficos, no pudo ocultársele a cualquiera de los asistentes a la cumbre que estuviera conectado a Internet, desde el pasado fin de semana.

Los saldos de la cumbre incluyen, también, el arresto de más de 200 opositores en los días previos a la cita y su liberación en las últimas horas, con el objetivo de evitar protestas o foros paralelos, como los que tradicionalmente impulsa el gobierno cubano en cualquier país latinoamericano. Saldos ambivalentes, en suma, que no descartan la respetuosa sugerencia, estrictamente diplomática, pero compartida con los medios, de los secretarios generales de la ONU, Ban Ki moon, y de la OEA, José Miguel Insulza, de que el gobierno cubano ratifique los pactos de derechos humanos de la comunidad internacional e introduzca reformas políticas.

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