Ven mala clasificación de reos y abandono  presupuestal tras fuga

La falta de condiciones dignas por causa de poco presupuesto, así como deficiencias en la perfilación de los criminales al ser detenidos, son algunos de los factores que detonaron la falta de gobernabilidad penitenciaria que permitió que un comando ingresara para liberar a nueve reos en el Centro de Reinserción Social de Tula de Allende, Hidalgo, advirtieron especialistas en las materias de seguridad y penitenciaria.

José Alberto Guerrero Baena, experto en temas de seguridad, apuntó que la falta de condiciones dignas ha causado que, dentro de los penales, se genere una lucha de poder, un mercado negro y la autogobernabilidad, que ha rebasado a las autoridades, las cuales también son parte de la corrupción que ha permeado en el sistema carcelario a nivel nacional.

El Cereso de Tula tiene una capacidad para 414 reos; sin embargo, en él se mantienen 642, es decir, tiene 55.07 por ciento de sobrepoblación.

Guerrero Baena explicó que esto implica que no alcancen los insumos y los reos busquen controlar el mercado interno de drogas y otros recursos, a lo que se suma una falta de presupuesto por parte de los gobiernos.

Esto responde a un olvido administrativo, ya que la manutención adecuada de las cárceles es un tema que políticamente vende poco, por lo que, poner orden y recibir apoyos, es una tarea compleja, apuntó un exfuncionario de reclusorios de la Ciudad de México y de nivel federal, cuya identidad pidió que no fuera revelada, por motivos de seguridad.

Afirmó que lo ocurrido este miércoles denota la falta de apoyos a los sistemas penitenciarios y señaló que lo ocurrido en Tula es parte de una fractura, por la forma en la que son evaluados los criminales al momento de ser detenidos.

Las autoridades dieron a conocer que los reos que escaparon se encontraban en el Cereso y no en un penal federal, debido a que los delitos por los que son perseguidos le competen al fuero común.

Al respecto, el especialista apuntó que no se están realizando las valoraciones clínicas-criminológicas necesarias, ya que, a pesar de que los delitos cometidos son del fuero común, eso no reduce la alta peligrosidad, ya que sus formas de delinquir están ligadas a los cárteles.

“El mensaje que se está mandando es que la delincuencia organizada puede entrar, con una mano en la cintura, a las prisiones, y es un mal mensaje porque empodera al crimen organizado”, dijo.

En su experiencia, recomendó que las autoridades deberían mejorar la perfilación de los detenidos, para que en las prisiones locales no se aloje a criminales de alto nivel, que vulneran las condiciones de la población y la autoridad de quienes los dirigen, por lo que instó a llegar a acuerdos con la Federación para que sea este nivel en donde se reciban a los detenidos de alta peligrosidad.

Por su parte, Guerrero Baena sugirió que los congresos estatales deberían discutir la entrega de las cárceles al sector privado, “tomando en cuenta que el financiamiento público no alcanza para los insumos mínimos para la condición de un ser humano en readaptación”.