Para las organizaciones civiles de defensa a migrantes, la medida anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que obligará a identificarse a quienes aborden transporte público en zonas fronterizas, atenta contra los derechos humanos de los migrantes.
Martha Sánchez, representante del Movimiento Migrante Madres Centroamericanas, dijo a La Razón que “es desafortunado, porque se supone que sólo los agentes migratorios te pueden pedir identificación; esta medida se parece a la Ley Arizona contra la que todos luchamos porque podían parar a cualquiera por su aspecto y pedirle documentación; estamos en contra porque si bien ayudará a reducir la migración, viola los derechos de los migrantes, el libre tránsito y los derechos humanos”.
Lamentó que el gobierno arriesgue la integridad de los migrantes, porque muchos son mujeres y niños.
“El fenómeno ha cambiado, ya no es como antes que sólo eran hombres, ahora también las mujeres salen con sus hijos a buscarse la vida, huyendo de la violencia o para encontrarse con su marido en Estados Unidos”, expuso.
Por su parte, Gina Garibó, integrante de Pueblo sin Fronteras, advirtió que el cambio llevará a los centroamericanos “a seguir tomando rutas inhóspitas que ponen en riesgo sus vidas”
Adelantó que con dicha estrategia “se vislumbran más casos como el de Veracruz”, donde más de 700 migrantes fueron rescatados de cabinas de tráileres.
“De por sí ya eran criminalizados en el transporte público y por eso comenzaron a pagar traslados en autobuses o tráileres. Con esta acción se va a recrudecer”, puntualizó.
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