La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, inauguró el segundo periodo de sesiones correspondiente al año 2025, al que únicamente le restan dos sesiones del pleno y una a cada sala.
Este martes, en la penúltima sesión del pleno de la Corte, se discutirá la impugnación de la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El juicio de inconformidad fue promovido por Iván Bravo Olivas, exjuez penal, exrepresentante del PAN en Durango y aspirante a magistrado, quien presentó una impugnación contra el proceso electoral de las magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, argumentando irregularidades en los resultados consignados en las actas de cómputo, en la declaración de validez de las votaciones y en la entrega de constancias de mayoría, por lo que solicitó la nulidad del proceso, sólo en Durango.
- El Dato: a partir del 1 de septiembre, la SCJN modificará su estructura, por lo que el pleno pasará de 11 ministros a solamente nueve.
El proyecto, a cargo de la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, podría ser desechado por falta de legitimación, pues la ley sólo permite promover este tipo de juicios a quienes hayan integrado la lista oficial de candidaturas; sin embargo, la Corte podría pronunciarse sobre la elección judicial del 1 de junio.
La Corte también debe analizar el juicio de inconformidad interpuesto por la asociación Poder Ciudadano, que impugnó la elección de Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho como magistrados de la Sala Superior.
El ministro Alberto Pérez Dayán elaborará el proyecto, que deberá resolverse
antes del 31 de agosto, cuando concluirá labores la actual integración del pleno.
La última sesión del pleno de los ministros es el 12 de agosto. En su lista de asuntos a discutir, fueron retirados los proyectos referentes a la prisión preventiva oficiosa, tanto el de la ministra Margarita Ríos Farjat, que propone eliminar la aplicación de la figura en automático, así como el del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, respecto a la manera en que se debe aplicar la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referente a que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos.
Asimismo, se mantiene en duda si la actual integración realizará la designación de tres de los cinco integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal en el ámbito administrativo, pues la reforma judicial establece que ello le corresponde al Pleno de la Corte; sin embargo, no es específica sobre el momento en que deben realizarse los nombramientos.
Mientras, a la Segunda Sala le resta la sesión del 6 de agosto, en donde resolverá el caso de Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, quien busca la protección de la SCJN para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) elimine de sus libros de texto la mención que realiza de su nombre como ejemplo de discriminación contra la comunidad indígena.
A la Primera Sala le queda la sesión del 13 de agosto y se prevé que resuelva el amparo promovido por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, debido a una demanda concedida a la periodista Lourdes Mendoza, a quien Lozoya acusó de recibir sobornos durante el caso Odebrecht.
El caso llegó a la SCJN tras un amparo promovido por Lozoya, quien impugnó una sentencia que lo obligaba a ofrecer una disculpa pública y pagar una multa. La Corte analizará si las declaraciones de Lozoya constituyen una violación al honor de Mendoza o si están protegidas por la libertad de expresión.