Desde su candidatura, Donald Trump aseguró que realizaría la “mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos” para terminar con lo que describía como una “invasión de extranjeros ilegales” y “peligrosos criminales”.
En cuanto rindió protesta como presidente, el 20 de enero, lo primero que hizo fue militarizar la frontera y cancelar la aplicación CBP One, con el que los extranjeros solicitaban asilo. Dos días después, el Congreso, de mayoría republicana, aprobó la Ley Laken Riley, para detener y deportar a inmigrantes acusados de ciertos delitos sin una condena previa.
- El Dato: ante el riesgo de deportaciones masivas, el Gobierno puso en marcha el programa “México te abraza”, que incluye incorporar a los programas de bienestar, entre otros.
Y ese fue sólo el inicio. A través de una política calificada por colectivos y especialistas como “intimidatoria y de terror”, y que ha separado familias, roto el sueño americano y dejado a millones en la incertidumbre, la política antiinmigrante de Trump no hizo más que endurecerse.
Para abril, quienes tenían una autorización temporal para vivir en EU recibieron la orden de abandonar el país; luego, se propuso la deportación exprés, la “autodeportación”, y actualmente se batalla en la Corte Suprema para evitar que los hijos de migrantes ilegales adquieran la ciudadanía por nacimiento.
En julio, Trump y el gobernador de Florida, Ron De Santis, inauguraron el polémico centro de detención Alligator Alcatraz, una zona rodeada de caimanes, símbolo de su política contra los extranjeros.
Los migrantes ahora son cazados en iglesias, centros de trabajo y hasta en la vía pública, rastreándolos a través de servicios médicos o sus registros de impuestos, en ciudades que eran consideradas “santuario”, donde había un cierto protectorado hacia la comunidad trabajadora, a donde Trump amagó (o envió) a elementos de la Guardia Nacional para imponer su visión, pasando por encima de la división de poderes y de los gobernadores, usualmente demócratas.
Desde enero se tiene registro de al menos siete mil 900 redadas. Las protestas contra las operaciones policiales, que iniciaron de forma pacífica en diversas ciudades, poco a poco fueron subiendo de tono, y para junio, se registraron violentas manifestaciones en Los Ángeles, con enfrentamientos y cientos de detenidos, lo que llevó a declarar el toque de queda y el envío de la Guardia Nacional.
Estas acciones también generaron varios choques entre el gobierno de Trump y el mexicano. En abril, se difundió en televisión abierta mexicana una campaña en la que amagaba con “cazar” a los migrantes, por lo que nuestro país pidió a las televisoras retirar el spot y la Presidenta Sheinbaum anunció una reforma para prohibir propaganda política extranjera.
Otro episodio se dio en junio, cuando EU amenazó con imponer un impuesto a las remesas, lo que motivó que legisladores y personal de la Cancillería viajaran a Washington para defender dicho ingreso. Finalmente, la medida fue rechazada en el Congreso. También fueron motivo de fricción las acciones violentas contra mexicanos, como las golpizas y la muerte de al menos siete connacionales, lo que motivó notas diplomáticas.
Pero México también ha colaborado en la contención migratoria, despresurizando la frontera y evitando que las caravanas migrantes salgan de Chiapas, mediante el otorgamiento de permisos temporales, mientras que la detención de personas en situación irregular se redujo en 86.5 por ciento en los primeros nueve meses del año respecto a 2024.
Para sorpresa de nadie, la política de Trump, que amagó con terminar la migración de países “tercermundistas” dio el resultado esperado: el flujo de quienes cruzan la frontera sur de EU cayó 89 por ciento, dos millones de personas han dejado el país y más de 145 mil mexicanos han sido repatriados en lo que va del año.