A un año del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Amnistía Internacional advirtió que el avance de prácticas autoritarias en ese país no solo ha debilitado el Estado de derecho, sino que ha tenido un impacto directo y devastador en comunidades migrantes, particularmente en la población mexicana.
En su informe Ringing the Alarm Bells: Rising Authoritarian Practices and Erosion of Human Rights in the United States, la organización documenta cómo la escalada de políticas represivas, el cierre del espacio cívico y la militarización de tareas internas han generado un clima de miedo, persecución y vulnerabilidad entre millones de personas migrantes.
“El mundo entero es testigo de la peligrosa deriva del presidente Trump, que ya ha desembocado en una emergencia de derechos humanos”, afirmó Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos. Subrayó que la concentración del poder y la erosión de contrapesos democráticos han limitado severamente la capacidad de exigir rendición de cuentas.
Uno de los focos centrales del informe es el papel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyas redadas, operativos con agentes encubiertos y uso de tácticas intimidatorias han afectado de manera desproporcionada a familias migrantes mexicanas, especialmente en estados como California, Texas, Arizona y Nueva York.
Amnistía documenta que agentes enmascarados del ICE han irrumpido en vecindarios, centros de trabajo y espacios comunitarios, provocando separaciones familiares, detenciones arbitrarias y una creciente desconfianza hacia las autoridades. Estas acciones, señala el informe, han normalizado la criminalización de la migración y vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho a solicitar asilo.
El reporte también alerta sobre la militarización de ciudades estadounidenses y la ampliación de esquemas de vigilancia sin supervisión efectiva, medidas que han elevado el riesgo para periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes que alzan la voz o participan en protestas pacíficas.
Para la comunidad mexicana en Estados Unidos, estas prácticas han derivado en restricciones al acceso a servicios de salud, educación y justicia, además de un aumento en los casos de explotación laboral, ya que muchas personas evitan denunciar abusos por temor a ser detenidas o deportadas.
Amnistía Internacional advierte que estas políticas no ocurren de forma aislada, sino que se refuerzan entre sí: la intimidación a la prensa dificulta documentar violaciones; la represión de la protesta inhibe la denuncia pública; y los ataques a tribunales y organismos de supervisión reducen las vías de defensa legal para la población migrante.
“El ataque al espacio de la sociedad civil y la erosión de los derechos humanos en Estados Unidos reflejan un patrón global que hemos documentado durante décadas”, añadió O’Brien, al señalar que cuando estas prácticas se consolidan, las instituciones diseñadas para frenar los abusos de poder quedan gravemente comprometidas.
Ante este panorama, la organización hizo un llamado urgente al Congreso estadounidense, a autoridades locales y estatales, así como a la comunidad internacional, para frenar la normalización de la represión, proteger a las personas migrantes y restablecer las salvaguardas del Estado de derecho.
“Las prácticas autoritarias solo enraízan cuando se permite que se normalicen. No podemos permitir que eso ocurra, especialmente cuando millones de migrantes —incluidos los mexicanos— están pagando el precio más alto”, concluyó Amnistía Internacional.
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MSL