Un juez federal concedió la suspensión provisional a Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, Jalisco, imputado por presuntamente operar junto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para extorsionar, secuestrar y torturar a empresarios del sector tequilero.
El juez Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, otorgó este recurso de amparo al exedil, dentro de la causa penal 39/2026, en la que Rivera Navarro enfrenta cargos por delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado.
La resolución ordena al juez de control suspender el avance del proceso hacia la apertura del juicio oral, mientras el tribunal federal analiza si procede conceder la suspensión definitiva. Esa audiencia está fijada para el próximo 17 de marzo.
El juzgador precisó que la medida cautelar se justifica porque, de no otorgarse, “se podrían causar daños o perjuicios de difícil reparación” al imputado, mientras que su concesión “no causa un perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público.”
Aunque el proceso queda momentáneamente pausado, la suspensión no revierte la vinculación a proceso que ya le fue dictada a Rivera Navarro, ni modifica las medidas cautelares que actualmente enfrenta.
El procedimiento podrá continuar hasta la etapa intermedia, pero deberá detenerse antes de la apertura formal del juicio oral.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Diego Rivera Navarro no se limitó a tolerar la presencia del CJNG en su municipio: fusionó la actividad criminal con el poder político.
La acusación sostiene que, con el respaldo del CJNG, utilizó su cargo para extorsionar, secuestrar, torturar y amedrentar a comerciantes, artesanos y empresarios del ramo tequilero, uno de los sectores económicos más relevantes de la región.
El caso permanece bajo revisión judicial mientras se determina si el exfuncionario logra revertir definitivamente su vinculación a proceso.
Derivado de lo anterior, el juzgador estableció que la audiencia para decidir si se concede la suspensión definitiva se realizará el próximo 17 de marzo. También precisó que otorgar la medida cautelar no afecta el interés social ni viola disposiciones de orden público.
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cehr