La estrategia nacional de seguridad colocó la captura de objetivos prioritarios y los llamados “generadores de violencia” en los principales operativos federales, ya que el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo sostiene que busca “privilegiar el trabajo de investigación e inteligencia sobre el uso de la fuerza”, una ruta que sustituye el abatimiento por detenciones y judicializaciones.
Ese giro coincide con una expansión acelerada de la población penitenciaria. Entre septiembre de 2024 y mayo de este año, la cifra de personas privadas de la libertad pasó de 234 mil 514 a 268 mil 245, un aumento de 33 mil 731 internos, es decir, 14.4 por ciento más, con un promedio neto de mil 687 incorporaciones al mes. No toda detención termina en prisión y no existe seguimiento público de cada caso, pero el volumen de capturas añade presión a fiscalías, jueces y cárceles locales.
- El Dato: En cateos realizados en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, se aseguraron 26 teléfonos, 42 dosis de mariguana, 18 tijeras y 2 puntas.
Bajo ese marco, La Razón comparó las cifras penitenciarias del último mes completo antes del cambio en el Gobierno federal y el corte más reciente. El cálculo incluye población, capacidad y excedentes por entidad, el Censo Nacional de Sistema Penitenciario, la legislación procesal y estudios sobre medidas cautelares. Los datos no vinculan cada operativo con el ingreso a un penal.
Las cifras oficiales reflejan un aumento sostenido en la población penitenciaria. El registro pasó de 261 mil 388 reclusos en febrero a 268 mil 245 en mayo, seis mil 857 más en tan solo tres meses. El saldo equivale a cerca de 56 personas adicionales por día desde septiembre de 2024 y proyectaría más de 20 mil nuevos internos en un año si el ritmo siguiera igual.
Cuatro entidades concentraron más de una tercera parte de la población recluida. El Estado de México registró 38 mil 322 internos; la Ciudad de México, 27 mil 416; Sonora, 16 mil 386, y Baja California, 15 mil 265. En conjunto reunieron cuatro de cada 10 encarcelados en todo el país.
El incremento en la población en las cárceles ha traído otro desafío, sobre todo para los estados. Según la capacidad instalada, el Estado de México encabezó la saturación, con 23 mil 306 personas por encima de sus espacios. Sonora sumó ocho mil 125; Chiapas, dos mil 687; Nayarit, dos mil 420, y Quintana Roo, dos mil 320. Los cinco sistemas acumularon un excedente cercano a 39 mil internos.En contraste, los centros federales conservaron seis mil 590 lugares disponibles. Esa reserva no funciona como una bolsa común. El fuero de los procesos, la clasificación de seguridad, las resoluciones judiciales y los convenios de traslado determinan quién puede ingresar a un penal federal. La presión recae en instalaciones estatales que reciben la mayoría de los casos del fuero común.
A las capturas se suma una política cautelar que manda a prisión a miles de personas antes de una sentencia. Al cierre de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 85 mil 547 adultos recluidos sin condena. De ellos, 47 por ciento estaba bajo prisión preventiva oficiosa, cerca de 40 mil 200 personas; 38 por ciento permanecía con prisión preventiva justificada.
México Evalúa ha advertido que la cárcel automática no representa la única vía para asegurar un proceso. Su informe encontró que menos de uno por ciento de quienes enfrentaron una causa con medidas cautelares en libertad se sustrajo de la justicia. Pese a ese cumplimiento, seis de cada 10 personas imputadas continuaban su proceso en prisión y las otras cuatro recibían una evaluación de riesgos.
Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal, y Jorge Andrés Solís Gutiérrez, especialista de la Defensoría Pública, han señalado que se trata de la medida cautelar más grave porque afecta la presunción de inocencia. Su eliminación no abriría las puertas de las cárceles. Cada expediente tendría que pasar por una revisión judicial para decidir si existen riesgos de fuga, afectación a víctimas u obstáculos para la investigación.
Frente al encarcelamiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé presentación periódica, garantía económica, prohibición de acercarse a determinadas personas, restricciones territoriales, vigilancia electrónica y resguardo domiciliario. La prisión justificada permanece disponible cuando la Fiscalía demuestra que esas opciones no bastan. La diferencia consiste en exigir argumentos y circunstancias individuales.
Un criterio de la Corte Interamericana establece que la prisión preventiva sólo puede proteger fines procesales legítimos. La gravedad del delito, el propósito de disuadir conductas o la intención de prevenir otros crímenes no sustituyen el análisis del caso. Una medida automática, sostuvo el tribunal, pierde su naturaleza cautelar y puede transformarse en una pena anticipada.
Otra revisión de México Evalúa identificó al menos 12 entidades donde los jueces aplican más prisión preventiva justificada que oficiosa sin efectos negativos visibles en gobernabilidad o seguridad. La organización propone fortalecer las unidades de medidas cautelares, ampliar su personal y revisar expedientes que superen dos años sin sentencia.
Para los expertos, reducir la presión penitenciaria exige dos movimientos paralelos. La estrategia de capturas necesita capacidad para investigar, procesar y custodiar a quienes representan riesgos reales. Al mismo tiempo, el sistema judicial debe reservar el encierro previo a sentencia para casos extraordinarios. Sin esa corrección, cada avance operativo puede trasladar el problema de las calles a penales locales que ya rebasaron sus límites.
Casi 60 mil detenidos en sexenio actual
Por Yulia Bonilla
El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha detenido a casi 60 mil personas vinculadas a la comisión de delitos de alto impacto, derivado de la estrategia echada a andar para fortalecer a las distintas corporaciones que consigan reducir la capacidad operativa y Financiera delincuencial.
De octubre de 2024 a junio de 2026 van 59 mil 582 personas detenidas; se ha conseguido el aseguramiento de 31 mil 366 armas de fuego, 489.98 toneladas de drogas y se ha logrado el desmantelamiento de dos mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración por el Ejército y la Marina.
“Estas acciones evitan que millones de dosis de droga lleguen a las calles y representan una afectación directa a las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales”, dijo en conferencia el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
En cuanto a la estrategia contra la extorsión, implementada a partir del 6 de julio de 2025 y hasta el 30 de junio pasado, se ha capturado a mil 674 personas por este delito.
Entre las operaciones relevantes de las últimas semanas, recordó que la semana pasada se detuvo a 11 personas en el Aeropuerto Intencionalidad de Tijuana; en Durango se detuvo a un cabecilla del Cártel del Pacífico; en Michoacán se detuvo a César N, señalado como parte de los responsables del ataque donde murieron cinco policías. En cuanto al Plan Kukul-kán, desarrollado durante años para garantizar la seguridad del Mundial, comentó que los resultados fueron positivos, junto con la coordinaron más de 20 dependencias federales y más de 124 mil elementos.
“Nuestro país volvió a demostrar su capacidad para organizar eventos de talla mundial con profesionalismo, hospitalidad y una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno. La organización del torneo fortaleció la imagen de México ante el mundo y confirmó que las instituciones del Estado mexicano cuentan con las capacidades necesarias para planear y ejecutar dispositivos de seguridad de gran escala de manera coordinada y eficaz”, añadió.
