La contienda interna de Morena para definir a los coordinadores estatales de los comités en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional ya no sólo se disputa en giras y actos territoriales, también se libra en Facebook e Instagram, las plataformas de Meta, donde varios de los senadores y diputados federales que solicitaron licencia para competir comenzaron a posicionar su imagen incluso antes del arranque formal del proceso interno.
En los últimos 90 días, de abril a julio, los aspirantes mencionados han destinado en conjunto dos millones 301 mil 880 pesos en publicidad política dentro de esas redes sociales, de acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de la plataforma. La inversión ha servido para difundir su imagen, promover actividades públicas y fortalecer su presencia digital en los estados donde buscan convertirse en coordinadores de la defensa de la transformación.
- El Dato: Morena, PT y el Verde comenzarán hoy el filtrado de aspirantes en los estados menos competidos internamente, como Chihuahua, Colima y Aguascalientes.
Quienes encabezan el gasto son el senador Armando Ayala, aspirante de Morena en Baja California, con 351 mil 985 pesos invertidos en 162 anuncios; el senador Waldo Fernández, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quien busca la coordinación en Nuevo León, con 346 mil 787 pesos y 160 anuncios; la senadora Marybel Villegas, aspirante de Morena en Quintana Roo, con 254 mil 712 pesos distribuidos en 238 anuncios; la senadora Julieta Ramírez, también contendiente de Morena en Baja California, con 197 mil 657 pesos y 91 anuncios; y la senadora Lorenia Valles, quien busca Sonora, con 163 mil 300 pesos.
En Baja California, la disputa digital es una de las más intensas. Además de Ayala y Ramírez, el diputado Fernando Castro Trenti ha invertido 115 mil 106 pesos en 155 anuncios, mientras que en Chihuahua la senadora Andrea Chávez ha destinado 176 mil 536 pesos, al sumar los 76 mil 308 pesos ejercidos desde su página personal y los 100 mil 228 pesos de la página “Chihuahua con Andrea Chávez”, con 26 anuncios en total.
También aparecen entre quienes han invertido recursos en publicidad digital en estas plataformas Imelda Castro (121 mil 900 pesos), Geovanna Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo (PT), con 90 mil 900 pesos; Graciela Domínguez (84 mil 500 pesos), José Narro Céspedes (43 mil 300 pesos) y Nora Ruvalcaba (42 mil 634 pesos), entre otros.
- 30 legisladores pidieron licencia; 19 ya iniciaron
BURLAN LA LEY. La promoción anticipada de los aspirantes forma parte de una dinámica que en el ámbito político ya es conocida como la “prepreprecampaña”.
Se trata de una etapa que no está establecida de manera expresa en la Constitución mexicana ni en la legislación electoral, pero cuya realización fue avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En una sentencia emitida en julio de 2023, cuando Morena y el entonces Frente Amplio por México pusieron en marcha mecanismos para definir a sus aspirantes presidenciales, el TEPJF resolvió que esos procesos internos extraordinarios podían realizarse, siempre que respetaran los límites constitucionales.
Durante la discusión de ese asunto, el entonces magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que “es legítimo que los partidos puedan tener filtros y llevar a cabo una serie de acciones para valorar las características de sus liderazgos”.
Como consecuencia de esa resolución, el tribunal ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) elaborar lineamientos generales para regular y fiscalizar este tipo de procesos. Sin embargo, a unas semanas del inicio formal del proceso electoral 2026-2027, previsto para la primera semana de septiembre, la regulación sigue siendo motivo de debate.
El consejero electoral Arturo Castillo Loza ha insistido desde marzo pasado en la necesidad de fortalecer el marco normativo para que el INE pueda revisar desde ahora los recursos que se destinan a estas actividades y garantizar condiciones de equidad entre los aspirantes. El objetivo, ha señalado, es que la autoridad electoral pueda fungir como árbitro de una competencia que, en los hechos, ya comenzó.
Para David Aljovín, analista electoral, el despliegue de campañas anticipadas refleja que las reglas vigentes han dejado de responder a la realidad política del país.
“Las reglas electorales me parece que están siendo poco eficaces y están en desuso porque fueron creadas para campañas tradicionales, no para campañas permanentes (...) Lo que se observa es una omisión generalizada de las autoridades electorales: el INE, el Tribunal y, llegado el momento, también el Poder Legislativo han fallado en actuar”, afirmó.
Es así como la disputa por las coordinaciones de partido oficialista se desarrolla de manera paralela en el terreno digital y en las plazas públicas, meses antes del inicio formal del proceso electoral 2026-2027, en un escenario que ha reabierto el debate sobre la necesidad de actualizar las reglas para una competencia que, en los hechos, ya comenzó.
Ratifican multa a México Tiene Vida
Por Tania Gómez
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por mayoría, la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que sancionó a la organización México Tiene Vida, A.C., por irregularidades en la fiscalización de sus recursos durante el proceso para obtener su registro como partido.
El caso derivó de la resolución INE/CG331/2026, mediante la cual el Consejo General del INE sancionó a diversas organizaciones ciudadanas por irregularidades en materia de fiscalización correspondientes al periodo de enero de 2025 a febrero de 2026.
Al resolver los recursos promovidos por México Tiene Vida, el PVEM y el PRI, el pleno confirmó el inicio de dos procedimientos oficiosos, para verificar el origen de diversas aportaciones, al considerar que “buscan esclarecer el origen de los recursos sin afectar, por sí mismos, la esfera jurídica de la organización”.
Asimismo, los magistrados ratificaron la multa de 565 mil 700 pesos impuesta a México Tiene Vida por no rechazar una aportación proveniente de una empresa mercantil, realizada a través de una simpatizante.
La sentencia sostiene que “la autoridad acreditó el origen indebido de los recursos”, entre ellas la coincidencia en montos y fechas de depósitos.
Respecto de los argumentos presentados por el PRI, la Sala Superior los calificó como infundados e inoperantes, al concluir que el partido confundió los efectos del procedimiento de fiscalización con los del proceso para obtener el registro como partido.
De acuerdo con la resolución, “la revisión de la resolución impugnada se limitaba a las determinaciones de fiscalización y no podía traducirse, por sí misma, en un pronunciamiento sobre la negativa de registro”.
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