Ante un escenario de amparos que podrían interponerse por parte de aspirantes seleccionados en el reciente proceso de admisión a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en caso de que la casa de estudios decida repetir la prueba, ésta no cuenta con las bases dentro de su propia legislación para anular los exámenes; no obstante, sí tiene argumentos para tomar esa determinación, aseguró Everardo Moreno, expresidente del Tribunal Universitario de esa institución.
En entrevista con La Razón, el ahora docente en la Facultad de Derecho refirió que la presunción de trampas que ponen en duda la integridad de los resultados para la admisión de nuevos estudiantes es un argumento sostenible para anular la prueba y es la decisión que, desde su punto de vista, debería tomarse.
- El Dato: Para 2050, México formará 28.7 millones de profesionistas en áreas con baja demanda laboral, según el IMCO, mientras persisten vacantes sin cubrir en salud, energía y tecnología.
La legislación puma por sí sola, explicó el doctor en Derecho, no contempla este tipo de escenarios, por lo que no habría un término de las normas internas aplicable para echar atrás las listas de admitidos a la siguiente generación.
Lo único que hay en la ley universitaria, citó el académico, es el término de la revisión de examen, pero únicamente aplica para que las y los docentes la implementen durante las pruebas de evaluación dentro de los programas de licenciatura, cuando los estudiantes ya son parte de la comunidad.
“En la legislación universitaria lo que está previsto es lo que se llama la revisión de examen, pero eso es para los exámenes que practican los profesores, que practicamos los exámenes al final de cada semestre”, dijo.
El maestro, que expresó su descontento con la problemática que enfrenta actualmente la máxima casa de estudios, afirmó que, a pesar de los lineamientos internos, sí se puede recurrir a la anulación de resultados, porque no es admisible que siga adelante el proceso cuando hay dudas sobre si los aspirantes hicieron o no trampa.
“Claro que hay bases para hacerlo. La mejor base es el sentido común, es la mejor base y ya se ha perdido el tiempo y se ha hecho crecer este aparato”, dijo.
El también académico de la Facultad de Derecho Alejandro Envila observó que las y los aspirantes que ya resultaron seleccionados cuentan con derechos adquiridos desde el momento en que fueron admitidos, lo que les daría las condiciones para que puedan reclamar y promover amparos si se llegaran a anular los resultados.
En este contexto, opinó que la opción que tiene la universidad para salir de la mejor manera de este problema es emprender una revisión de las pruebas, para que también cuente con los argumentos que respalden los exámenes que lleguen a cancelar por encontrarles anomalías o indicios de trampas.
Sin embargo, advirtió que esta tarea resulta exhaustiva y también implica un alto costo económico, al tratarse de más de 21 mil pruebas que estarían sujetas a una nueva valoración.
“Sin duda representaría dificultades para la propia universidad repetir el proceso. Hay una dificultad operativa en hacerlo, hay un costo económico… Los aspirantes que ya recibieron su carta de aceptación tienen derechos adquiridos, pueden protestar y pueden ampararse, y la universidad tendría que litigar sus argumentos”, comentó.
Por otro lado, la socióloga Dinorah Miller advirtió que, si en otro escenario, la UNAM decide no emprender una respuesta contundente, también enfrentará otros costos que, desde ahora mismo, ya se dejan ver, como la pérdida de confianza del proceso de admisión.
“Me parece que, por ahora, lo que estamos viendo en redes y en la medida en que van pasando los días y va creciendo esta incertidumbre, lo que está poniéndose en riesgo es la legitimidad que tiene el proceso de admisión, la confianza que hay en el proceso, en el examen, a la institución y yo creo que eso no lo podemos permitir, es la universidad pública más importante del país”, remarcó.
Además, la experta refirió que la resolución de la controversia se enfrenta a dos caras de la moneda: por un lado, hay estudiantes que obtuvieron el lugar legítimamente y hay otros que perdieron el puesto como consecuencia de las presuntas trampas y, aunque se eligiera repetir el examen, esto no garantiza una resolución equitativa para ambas partes, ya que habrá quienes ya no cuenten con los recursos, tiempo o facilidades para volver a presentar la prueba.
Aspirantes evalúan amparo si se cancelan los resultados
| Por Yulia Bonilla |
Un reducido grupo de aspirantes seleccionados, acompañados de sus padres, exigieron a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respetar el lugar que ya obtuvieron en el examen de admisión e incluso advirtieron que, si se llegaran a anular los resultados, evaluarían la presentación de un amparo.
Al pie de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria este martes, se dieron cita alrededor de una veintena de jóvenes y sus familias que expresaron su descontento por las suspicacias que despertaron los resultados tan elevados en los exámenes de admisión de este año.
- 158 mil 712 aspirantes presentaron el examen de la UNAM
César Ruiz, padre de una joven seleccionada, afirmó que sí se evalúa la presentación de un amparo para exigir que se continúe con el proceso de admisión, pero antes de decidirlo, escucharán la resolución a la que llegue la universidad.
Luego de compartir entre ellos la serie de inconformidades, redactaron a mano un pliego petitorio que fue entregado a la Rectoría. El primer punto fue demandar a la universidad que continuara con el proceso de admisión en los tiempos establecidos en la convocatoria que se emitió.
Asimismo, los quejosos solicitaron que se respeten los derechos a solicitar cambio de plantel, de modalidad, de carrera y otras particularidades.
Durante la discusión para determinar lo que establecerían en el pliego petitorio, los participantes se negaron a incluir en el documento algún pronunciamiento sobre la continuidad de la aplicación del examen en línea.
Otro caso es el de Ximena Bárcena, quien se plantó en Rectoría con unas pancartas hechas junto a su madre, para exigir que se le respete el lugar que consiguió para cursar la carrera de Trabajo Social, en este que es su segundo año intentando ingresar.
Afirmó de manera contundente que estaría dispuesta a interponer un amparo, motivada no sólo por el dinero que invirtió en prepararse mejor para el examen, sino también por las múltiples complejidades emocionales, psicológicas y hasta familiares que implica la presentación de la prueba.
Por el contrario, la repetición de la prueba sería el mejor escenario al que ahora se enfrentarían para no perder un año en volverlo a intentar o verse orillados a buscar otras opciones que no estaban contempladas en sus aspiraciones profesionales.
Autoridades acumulan carpetas por ingreso fácil a la educación superior
| Por Elizabeth Hernández |
La promesa de abrir las puertas de una institución pública mediante dinero, influencias o documentos falsos cuenta con varios antecedentes penales en México. Durante más de dos décadas, la antigua Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la República (FGR) recibieron denuncias relacionadas con el acceso irregular a escuelas, la alteración de expedientes académicos y el uso de constancias apócrifas dentro de procesos de selección a la educación superior.
El caso más cercano a un fraude directo contra aspirantes surgió en 2003. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció a personas que ofrecían lugares en esa casa de estudios y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a cambio de dos mil pesos. Los responsables aseguraban que podían eludir el examen y solicitaban información vinculada con el registro de los interesados. La PGR abrió la averiguación previa 1353 DDDF/2003 en su delegación del entonces Distrito Federal.
- El Dato: Los trámites de inscripción estaban programados para este 27 de julio, pero la UNAM suspendió provisionalmente la entrega de documentos para la investigación.
A diferencia de una irregularidad cometida dentro del sistema universitario, aquel esquema operaba desde el exterior. Los implicados explotaban la competencia por un espacio, cobraban antes de la publicación de resultados y desaparecían después del depósito. La institución sostuvo que ninguna gestión particular sustituía al concurso de selección. La información pública disponible acredita la denuncia, aunque no permite establecer si el expediente concluyó con una consignación o sentencia.
Doce años más tarde, el problema adquirió otra dimensión en el IPN. Autoridades de esa institución reconocieron en 2015 que cerca de 10 por ciento de los espacios de educación superior llegaron a distribuirse mediante recomendaciones. Entre los beneficiarios aparecían personas respaldadas por gobernadores, legisladores, dirigentes partidistas, antiguos funcionarios, organizaciones estudiantiles, grupos de egresados y representaciones sindicales. Algunos aspirantes ni siquiera habían presentado la prueba correspondiente.
- 158 mil pruebas aplicó la UNAM en este examen
Pero las investigaciones penales conocidas no apuntaron directamente contra quienes otorgaron esos accesos. En agosto de 2016, el IPN presentó tres denuncias ante la PGR contra 13 trabajadores que cerraron instalaciones para exigir 40 lugares destinados a sus hijos, quienes no superaron el examen. Las querellas señalaron posibles amenazas, violencia y actos dirigidos a obligar a las autoridades a modificar una decisión. El episodio mostró cómo la disputa por la matrícula podía pasar de la gestión política a la presión sobre los planteles, sin que ambas conductas constituyeran el mismo delito.
La manipulación también alcanzó los registros académicos. En 2017, el Politécnico presentó siete denuncias ante la Procuraduría después de detectar intentos de alterar calificaciones dentro del Sistema de Administración Escolar. La revisión abarcó a 624 alumnos de 28 planteles y colocó bajo investigación interna a 10 trabajadores. Estudiantes también reportaron ofertas en redes sociales y escuelas, con cobros de entre mil y cuatro mil pesos por modificar resultados.
Otro frente surgió con los certificados apócrifos. Ese mismo año, la PGR ejecutó órdenes de aprehensión por el uso de documentos de bachillerato falsos ante autoridades educativas. Los expedientes no correspondían necesariamente a la compra de una matrícula, pero mostraron la intervención federal cuando el engaño involucraba papeles públicos destinados a acreditar estudios inexistentes.
Con la FGR ya en funciones, las denuncias alcanzaron los procesos de incorporación de personal educativo. En 2022, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) localizó 24 sitios o perfiles que vendían constancias falsas de cursos extracurriculares. Los documentos utilizaban distintivos de la Secretaría de Educación Pública y servían para obtener puntos dentro del procedimiento de admisión docente. Este caso fue expuesto ante el Ministerio Público federal.
En conjunto, los expedientes no describen una sola red ni un mecanismo uniforme. Unos partieron del engaño a familias, otros involucraron influencias, protestas para obtener espacios, cambios en historiales o papeles falsificados. Sin embargo, todos tocaron el mismo punto sensible, la posibilidad de convertir una evaluación académica en una mercancía o en una decisión sujeta a intermediarios.
La revisión de estos expedientes también revela un vacío. La presentación de una denuncia o la apertura de una investigación no equivale a una responsabilidad penal ni asegura una sentencia para quienes convirtieron el acceso a la educación en un negocio.
Atajos
Algunos fraudes educativos registrados.
- 2003. Denuncian a personas que ofrecían lugares en la UNAM y el IPN por 2 mil pesos, y que podían eludir el examen.
- 2015. Autoridades reconocen que en el IPN 10% de los lugares de nivel superior llegaron a distribuirse mediante recomendaciones.
- 2016. El IPN denuncia a 13 empleados que cerraron instalaciones para exigir 40 lugares para sus hijos, quienes no pasaron el examen.
- 2017. El Politécnico presenta 7 denuncias tras detectar intentos de alterar calificaciones que involucraban a trabajadores.
- 2017. La PGR ejecutó órdenes de aprehensión por el uso de documentos de bachillerato falsos ante autoridades educativas.
Abren puerta a que acudan a la FGR
| Por Yulia Bonilla |
LA PRESIDENTAClaudia Sheinbaum Pardo comentó que si las presuntas trampas que generaron los resultados atípicamente altos en el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tuvieron que ver con la comisión de un delito, entonces se debe acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Consultada nuevamente sobre el conflicto que enfrenta la máxima casa de estudios, la mandataria federal reiteró que ella no intervendrá porque es una institución autónoma que encontrará la solución por sus propios medios; sin embargo, afirmó que se mantendrá el apoyo cuando así lo requiera.
- El Tip: Entre las irregularidades señaladas durante la presentación del examen están la suplantación de identidad, la ayuda de terceros y el uso de Inteligencia Artificial.
“Apoyo siempre puede haber, pero, en todo caso, si hay la comisión de un delito, es en todo caso la Fiscalía. Yo creo que la UNAM tiene que resolver dos temas, dentro de su autonomía. 1. Cómo va a resolver el problema del propio examen: si el examen no va a ser válido, si sí va a ser válido, si va a aplicar un nuevo examen; si los que obtuvieron la calificación aprobatoria, unos entrarán y otros no entrarán. Ese tema lo tienen que resolver ellos”, dijo Sheinbaum Pardo.
En su conferencia de prensa mañanera, reiteró su expectativa sobre que la universidad pueda resolver el asunto en el corto plazo, con el fin de garantizar certeza a los jóvenes que se prepararon para presentar la prueba.
“¿Qué va a pasar con ese examen que se aplicó a distancia y que encontraron que tuvo irregularidades? Ése es un tema que tienen que resolver por los jóvenes, porque los jóvenes siempre se preparan para el examen de admisión y quieren tener certeza de qué va a pasar ahora que se entre a clases. Entonces, tienen que resolver esa parte. Y eso sólo lo pueden resolver ellos, porque es una institución autónoma académicamente y también en términos de su forma de gobierno. Y ojalá lo puedan resolver pronto para que pueda haber certeza para todos los estudiantes que quieren entrar”, dijo.
El otro tema que debe resolver, sostuvo la mandataria, “tiene que ver con cómo se cometió este fraude: si participó la empresa que contrataron para hacer el examen; si fue más bien que cada quien individualmente, algunos estudiantes utilizaron la Inteligencia Artificial”.
En este contexto, también señaló que la UNAM decidirá si solicita el apoyo de otras áreas del gobierno o de la misma fiscalía respecto a la empresa a la que había contratado para la operación del sistema.
“Ésa investigación, pues más que la propia agencia, aunque se puede dar asesoría, pues tendrían que revisar ellos con quién hacen esa investigación o si requieren de la Fiscalía para realizar este tipo de investigaciones. Y si resulta eso: si van a poner una denuncia o no van a poner una denuncia. Así lo veo yo desde nuestra perspectiva”, declaró.
Operadora del examen defiende su plataforma
| Por Elizabeth Hernández |
La empresa que operó la plataforma del examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) busca ser parte de la revisión iniciada por la máxima casa de estudios.
Territorium Life solicitó una audiencia ante la comisión técnica encargada de la investigación, a fin de defender el desempeño técnico del sistema que implementó y pidió que sus registros formen parte del análisis sobre las irregularidades que frenaron las inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura en la UNAM.
- El Dato: Morena dijo que espera que la UNAM resuelva a la brevedad las irregularidades en su proceso de admisión para dar certeza a los aspirantes y defendió su autonomía.
Esta solicitud quedó contenida en una carta dirigida a Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026. El documento lleva las firmas de Carlos Guillermo Elizondo Ancer, director general de Territorium Life, y Gerardo de Jesús Sáenz González, responsable del área tecnológica.
“Nos dirigimos a usted con un genuino interés de colaborar con la comisión técnica que dignamente preside, aportando la información, experiencia y elementos técnicos que puedan resultar útiles para la formulación de recomendaciones relacionadas con el proceso de ingreso a la licenciatura 2026 de la UNAM”, expresó.
De acuerdo con la empresa, la herramienta atendió a más de 10 mil aspirantes por turno y cumplió con funciones de identificación, vigilancia, registro de actividad y detección de conductas atípicas.
Sus representantes afirmaron que todavía no comparecen ante el órgano universitario ni han entregado la información sobre cada aplicación.
El planteamiento también separa la seguridad tecnológica de la integridad académica del examen. La primera comprende la autenticación de usuarios, la disponibilidad del servicio y el seguimiento de las sesiones. La segunda incluye el diseño de versiones equivalentes, la distribución aleatoria de preguntas, el control del banco de reactivos y la exposición del contenido entre horarios y fechas.
Según Territorium, una plataforma puede cumplir con los parámetros previstos y resultar insuficiente cuando las mismas preguntas aparecen en varios turnos o conservan secuencias similares. Con esa postura, la compañía desplaza parte de la revisión hacia la elaboración y administración de la prueba, tareas que no recaen exclusivamente en el proveedor.
“Nuestro interés es contribuir a que las recomendaciones que emita la comisión permitan fortalecer a la universidad, proteger la confianza de los aspirantes, y que se realicen procesos de ingreso más seguros, equitativos y sólidos” sostuvo.
Documentos públicos han establecido que Territorium Life cuenta con un acuerdo de hasta 101 millones 757 mil 810 pesos para prestar durante 2026 servicios de aplicación y supervisión automatizada de exámenes en distintos niveles y modalidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Hasta ahora, la UNAM no ha atribuido una responsabilidad definitiva a la firma. La comisión recibió un informe preparado por áreas universitarias, solicitó elementos adicionales y mantiene abierta la revisión de los resultados, los registros técnicos y las circunstancias que pudieron incidir en el desempeño de los participantes.
A partir de la instrucción del rector Leonardo Lomelí, el grupo puede requerir documentos y convocar a funcionarios relacionados con el concurso.
La Universidad anunció que el órgano presentará recomendaciones, aunque el deslinde de responsabilidades podría continuar después de esa resolución.
Mientras avanza el análisis de la información, las inscripciones de primer ingreso permanecen suspendidas. La medida no afecta a quienes obtuvieron un lugar mediante pase reglamentado, reservado para estudiantes de planteles universitarios que cumplen con los requisitos académicos.
Comisión, próxima a emitir su resolución sobre ingreso
| Por Yulia Bonilla |
Esta semana emitirá sus recomendaciones la Comisión Técnica conformada para revisar el proceso de admisión a las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que fueran cuestionados los resultados atípicamente elevados registrados en el examen en línea.
En un comunicado suscrito por el presidente de la comisión técnica, Eduardo Bárzana García, sostuvo que se inició de inmediato la valoración de los informes que se proporcionaron al equipo, el cual solicitó información adicional a las instancias involucradas, por considerar que hay más evidencias que se consideran relevantes para su análisis.
- 89.3 por ciento de aspirantes no fueron aceptados
El académico aclaró que se propondrán opciones para futuros procesos de admisión y ahondarán en la averiguación de lo que ocurrió en el examen de este año, a fin de que se le brinde a la UNAM la información que resulte útil para el deslinde de responsabilidades.
“Consciente de la urgencia, esta misma semana la Comisión formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y a los valores propios de nuestra Universidad”, remarcó.
Este lunes, el rector Leonardo Lomelí instaló la comisión técnica que revisa el procedimiento utilizado para el reciente examen de admisión a las licenciaturas de la máxima casa de estudios.
El equipo fue conformado por 16 especialistas en múltiples disciplinas, como psicología educativa, biotecnología, física, actuaría y otras, con la finalidad de encontrar las causas que pudieron propiciar posibles fallas en la aplicación de la prueba de ingreso.
Durante la reunión, Leonardo Lomelí dio libertad a los integrantes de la comisión para que soliciten la información necesaria a las personas involucradas: “Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a funcionarios involucrados que consideren que deben aportar mayor información, así como en libertad de solicitar información sobre los procedimientos que se llevaron a cabo”.
Autoridades acumulan carpetas por ingreso fácil a la educación superior
