La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) adelantó que el proyecto de lineamientos que regularán los derechos de las audiencias resentirá ajustes en los próximos días.
Al participar en el foro Libertad Editorial, Regulación y Derechos de las Audiencias, que organizó la Cámara de Diputados, el secretario ejecutivo de la CRT, Enrique Pavón Baños, explicó que ese órgano ha tomado en cuenta todas las aportaciones que se han recogido en el seno de la consulta que se abrió hace tres semanas.
- El Dato: Armando Zúñiga, vicepresidente de Comunicación de Coparmex, señaló que se requieren mecanismos confiables para hacer valer los derechos de las audiencias.
“Hemos escuchado con atención y con mucho respeto todas las opiniones donde se habla de que se está violentando el principio de reserva de ley, que se está pidiendo más allá de lo que establece la ley en materia de telecomunicaciones, la Constitución.
“Entonces, todo esto se va a revisar, se va a sistematizar y es compromiso de la comisión emitir un informe de consideraciones de manera agrupada, porque sería complicado contestar más de seis mil comentarios y lo que se reciba en esta semana se va a dar respuesta a todas las consideraciones. Evidentemente, tiene que haber ajustes a los lineamientos”, explicó Pavón Baños.
Añadió que la figura del defensor de las audiencias es designada directamente por cada medio de comunicación y aseguró que el Gobierno no interviene en ese proceso: “El Gobierno no interviene en la designación del medio. Únicamente se registra para que quede el dato de contacto y, en dado caso, se puedan remitir hacia él las quejas que se reciban”.
Explicó que una lógica similar se aplica a los códigos de ética, debido a que éstos son definidos por cada medio y únicamente son registrados ante la Comisión.
El funcionario sostuvo que el objetivo es que las audiencias conozcan sus derechos, sepan cómo ejercerlos y tengan claridad respecto de las instancias responsables de atender sus inconformidades.
Durante el encuentro, Adriana Labardini Inzunza, coordinadora para América Latina de Rhizomatica, cuestionó la posibilidad de imponer sanciones económicas de entre 0.1 y uno por ciento de los ingresos de los concesionarios por no atender las recomendaciones de los defensores de las audiencias.
La especialista sostuvo que esta disposición contravendría la fracción II del artículo 295 de la Ley en Materia de Comunicaciones y Radiodifusión, al considerar que dicho artículo únicamente contempla una sanción económica por no designar a un defensor de las audiencias o no emitir códigos de ética.
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