Las universidades públicas de México ampliaron su matrícula 18 por ciento entre 2018 y 2026, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); sin embargo, este crecimiento contrasta con una insuficiencia presupuestaria acumulada que la agrupación calcula en 55 mil 400 millones de pesos para las instituciones estatales.
La expansión exige más docentes, infraestructura y equipamiento, mientras las casas de estudio advierten dificultades para sostener su operación.
La asociación llevó a la Cámara de Diputados una solicitud por 36 mil 800 millones de pesos adicionales, con dos tiempos de aplicación: nueve mil 500 millones para atender necesidades inmediatas en 2027 –salarios, pensiones e infraestructura, entre otros– y 27 mil 300 millones de incorporación gradual para un fondo destinado a la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.
- El Dato: El presupuesto para universidades públicas creció 33% en 7 años, al pasar de 62,459 millones de pesos en 2019 a 83,281 millones de pesos en 2026.
El deterioro tiene antecedentes documentados. En noviembre de 2024, la ANUIES estimaba una pérdida acumulada de 43 mil 176 millones de pesos entre subsidios ordinarios y extraordinarios para las instituciones públicas del Ramo 11. Identificaba dos componentes: 23 mil 630 millones por insuficiencia real del subsidio ordinario y 19 mil 546 millones por reducción o cancelación de programas extraordinarios. Registraba, por separado, insuficiencias en aportaciones estatales.
A diferencia del reporte actual sobre universidades públicas estatales, ese diagnóstico comprendía al conjunto de instituciones públicas de educación superior del Ramo 11, correspondiente a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Un año después, en su planteamiento para el presupuesto de 2026, la asociación situaba el déficit desde 2019 en 50 mil 400 millones y solicitaba una ampliación de 12 mil 100 millones. En septiembre de 2026 reportó 55 mil 400 millones: cinco mil millones más que la estimación difundida el año anterior.
La cifra no equivale a una deuda contratada por las universidades. En octubre de 2025, ANUIES explicó que la estimación de este monto consideraba subsidios ordinarios y extraordinarios y las diferencias entre el presupuesto aprobado cada año y el de 2018. Se trata de una medida de pérdida de financiamiento.
Por otro lado, los recursos federales sí muestran aumentos nominales. Una revisión de las asignaciones institucionales del programa U006, publicadas por la SEP, permite observar, por ejemplo, que la Universidad de Guadalajara pasó de cinco mil 963.6 millones de pesos en 2019 a siete mil 655.5 millones en 2026; la Autónoma de Nuevo León, de cinco mil 405.4 a seis mil 939.9 millones, y la Autónoma de Quintana Roo, de 226.5 a 273.9 millones de pesos.
Esos aumentos, sin embargo, no prueban por sí solos una mejoría: para saber cuánto permiten financiar, hay que descontar el incremento de precios y considerar la matrícula, las aportaciones estatales y los recursos extraordinarios. Las asignaciones consultadas tampoco representan el presupuesto total de cada casa de estudios.
PRESIONES SIMULTÁNEAS. Las autoridades universitarias han señalado que el problema tiene varios frentes. Natalia Fiorentini Cañedo, rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UAQR), sostuvo ante diputados que las medidas de austeridad y eficiencia llegaron a su límite, según el comunicado de ANUIES.
“La liga ya se rompió y resulta inviable mantener el ritmo de crecimiento de la matrícula y cumplir con los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad sin recursos suficientes”, expresó.
Señaló que actualmente se registra la deserción anual de 211 mil estudiantes en el sistema público, de los cuales 76 por ciento abandona sus estudios por motivos económicos.
Norma Galván Meza, rectora de la Autónoma de Nayarit (UAN), señaló que la escasez limita laboratorios, bibliotecas y transformación digital. También expuso que las adecuaciones físicas y la capacitación docente necesarias para el nuevo marco curricular de educación media superior carecen de recursos suficientes.
Desde la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), la rectora Leticia Jiménez Zamora planteó una presión adicional: los incrementos del salario mínimo no han sido acompañados por un crecimiento equivalente del financiamiento. Según su diagnóstico, la disparidad dificulta cubrir las nóminas y reduce las diferencias salariales entre puestos. Los sistemas de pensiones y jubilaciones constituyen otra carga, cuyo peso varía entre instituciones.
La solicitud fue presentada en una mesa de diálogo de la Cámara de Diputados para analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027. Incluye recursos para salarios, nivelaciones por el aumento del salario mínimo, pensiones, mantenimiento e infraestructura, además del fondo de gratuidad y obligatoriedad.
La discusión presupuestaria enfrenta así el desafío de acompañar la expansión universitaria con recursos para sostener los nuevos espacios, atender las obligaciones laborales y mantener las condiciones académicas de la matrícula existente.
Urgen apoyo
La asociación llevó a la Cámara de Diputados la siguiente solicitud:
- Ampliación al subsidio ordinario por 36 mil 800 millones de pesos, para aplicarse en dos momentos.
- 9,500 mdp de forma inmediata, para la política salarial, reformas a pensiones y jubilaciones, y creación de un Fondo de Mantenimiento e Infraestructura.
- 27 mil 300 millones de pesos de asignación gradual, para constituir el Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior.
Arcas vacías
Estimado de pérdida acumulada en sus recursos.
- 2024: 43 mil 176 mdp
- 2025: 50 mil 400 mdp
- 2026: 55 mil 400 mdp
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