A pesar de que representantes de todos los partidos políticos exigieron aplazar los nombramientos de consejeros de los organismos públicos locales electorales (OPLE) propuestos por la expresidenta Guadalupe Taddei, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 17 de las 24 designaciones previstas, dejó cinco cargos vacantes y retiró de la discusión los correspondientes a Guerrero y Oaxaca.
La presión partidista consiguió que se estableciera expresamente que las valoraciones realizadas por la expresidenta del organismo no serían consideradas en el proceso.
La sesión fue la primera encabezada por Blanca Cruz, presidenta provisional, tras la renuncia de Taddei el lunes, en medio de señalamientos por presuntas triangulaciones relacionadas con el contratista Alfredo Hernández Casillas.
La exigencia de aplazamiento abrió la discusión. Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos, advirtió que los dictámenes todavía incorporaban las ponderaciones de Taddei, y alertó que “la sombra de la corrupción se va a extender”.
- El Dato: Los consejeros del Instituto Nacional Electoral acordaron también habilitar un mecanismo para recibir denuncias anónimas por parte de trabajadores.
A la petición se sumaron representantes del PRI, MC, Morena, PVEM, PT, PAN y Paz. El priista Emilio Suárez Licona planteó que “la prudencia es, por lo menos, aplazarlo una semana”, mientras que Carlos Guillermo Díaz Robles, de Morena, sostuvo que aprobar los nombramientos en ese momento “no abona en nada a la confianza”.
El consejero Uuc-kib Espadas fue el único que defendió mantener el asunto en la sesión. Argumentó que el voto de Taddei no podía definir las designaciones, pues cada una requería al menos ocho de los 10 votos del Consejo General.
“La influencia de un voto cualquiera (...) es absolutamente indeterminante. No me parece a mí adecuado retirar el punto”, sostuvo Espadas.
Después de un receso de dos horas para revisar el planteamiento, el consejero anunció que los casos de Guerrero y Oaxaca serían retirados para analizarlos posteriormente, “siempre dentro de los plazos legales”. El resto del acuerdo fue aprobado por unanimidad en lo general.
Entre las designaciones avaladas estuvieron Judith Lozano Pérez y Óscar Omar Espinoza, como presidentes de los organismos electorales de Puebla y Colima, respectivamente, ambos con 10 votos.
- 15 Renuncias de funcionarios de Taddei suma el INE
También, Sergio Iván Gómez López, Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera y Pablo César Sánchez Álvarez, en Chiapas; Jessica Areli González Ortiz y Maritza Vera Delgadillo, en Hidalgo; Eugenia Muñoz González y Rosa Isabel Galindo Gómez, en Durango; María Isabel Tovar de la Fuente y Krisna Judith Villado Mejía, en Tamaulipas, y Perla Jeanette Herrera Bertrand y Marcos Pacheco Nava, en Nayarit. Estos últimos obtuvieron ocho votos.
A la lista se sumaron Maricruz Saavedra, en Puebla; Isis Ayesa López, en Quintana Roo; Alfredo Camacho Ibarra, en Sinaloa, y Andrea Ximena Cabrera Mata, en Tlaxcala. En contraste, quedaron vacantes las presidencias de Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche y Coahuila, donde ninguna propuesta superó los cuatro votos. También quedó sin cubrir una consejería en Veracruz, mientras que en Tlaxcala, Rafael Pérez Salazar empató con cinco votos a favor y cinco en contra.
CON LUPA. En un tema paralelo, los 10 integrantes del Consejo General acordaron una estrategia de depuración que incluye revisar los contratos y nombramientos realizados durante la gestión de Guadalupe Taddei para detectar posibles irregularidades, determinar si procede rescindir acuerdos y evaluar el desempeño de funcionarios de alto nivel.
La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, informó que se suspenderán las nuevas contrataciones mientras se realiza una revisión general de los procedimientos de adjudicación, con el acompañamiento del Órgano Interno de Control (OIC). La evaluación abarcará tanto los contratos vigentes como aquellos cuya vigencia ya concluyó.
“Tendríamos que revisar todos los contratos, así se ha determinado en la mesa de consejerías, revisar todos los contratos, los que ya hayan vencido en su vigencia (...) y los que estén actualmente vigentes, para que se revise el procedimiento bajo el cual han sido suscritos, qué prestación de servicios, y que revisemos incluso con el acompañamiento de OIC, si hay alguna irregularidad detectada, y si en algún momento hay alguna consecuencia como una posible revocación, o rescisión, que es el término correcto en el tema de algún contrato”, afirmó.
Explicó que, si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o el OIC detectan anomalías que ameriten rescindir algún acuerdo, el INE deberá garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía, en particular la expedición de credenciales para votar y la organización de los procesos electorales.
“Si es un servicio sustancial, tendríamos entonces que encontrar la manera de hacer el tránsito para que no se afecte ninguna situación en cualquier tema en donde el INE preste un servicio a la ciudadanía”, añadió Cruz.
Los consejeros Martín Faz y Arturo Castillo coincidieron en que la revisión debe incluir todos los contratos. El primero precisó que una eventual reapertura de la licitación dependerá de las determinaciones de la ASF y el OIC, mientras que Castillo sostuvo que cualquier decisión deberá tomarse con anticipación y cautela para evitar afectaciones al proceso electoral.
“Si alguna de estas licitaciones está cuestionada y termina teniendo un efecto de revocación o de rescisión, por ejemplo, vamos a tomar todas las medidas de antemano que sean suficientes y necesarias para garantizar la correcta organización del proceso electoral. Es fundamental, en la situación en la que estamos, y lo que queremos hacer es recuperar la credibilidad de la institución, todo se tiene que transparentar”, añadió.